Finalizó el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados con la aprobación del paquete de siete legislaciones. Ninguna de las minutas y dictámenes fue modificado. Ayer se concretó la fiscalía especializada contra la corrupción, y se endurecieron las sanciones aplicables a servidores públicos que sean sorprendidos en actos corruptos.

Durante los cinco días que se extendió el extraordinario escaseó el debate en torno a las propuestas del Senado, sobre todo las relativas a la obligatoriedad de los empresarios que emprendan negocios con el gobierno para revelar su situación patrimonial y fiscal.

Ayer se modificaron disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR. Por unanimidad, en lo general, por 416 votos a favor, y en lo particular con 303 votos a favor y 102 en contra se aceptó la creación de la fiscalía especializada anticorrupción.

Esta se equiparará jerárquica y administrativamente a una subprocuraduría, y participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Integrará e implementará sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable. También podrá ordenar el aseguramiento de bienes de propiedad de los imputados en casos de corrupción, y promover la extinción de dominio.

Sobre el particular, Emiliano Álvarez López (Morena) adujo que la fiscalía nazca sin dientes y bajo el mando del titular de la PGR, lo que impedirá cumplir con lo que la ciudadanía está solicitando en el combate de fondo a la corrupción. Y comparó esta dependencia con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), instancia que, señaló, nació con bombo y platillo pero que no ha funcionado.

También, los diputados aprobaron reformas al Código Penal Federal en combate a la corrupción, por las que se endurecen las sanciones a servidores públicos que van desde la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de uno a 20 años.