a igualdad de género es un principio que no antagoniza con otras posturas políticas igualmente razonables, sino que busca elementos en común dentro de los parámetros de justicia y democracia para alcanzar sociedades más abiertas.
En la entrega pasada hacíamos una breve reflexión sobre el costo económico que las mujeres deben asumir a lo largo de su vida por el lado del ingreso y del consumo. Decíamos que no obtienen la misma remuneración de salarios para trabajos iguales entre ambos géneros y que aun los países altamente industrializados no están exentos de estas situaciones. Además, que por la adquisición de bienes de consumo iguales las mujeres pagan hasta 74 por ciento más.
En las propuestas de políticas públicas para generar efectos económicos compensatorios está la regla dorada de pago igual para trabajo igual, la regulación económica de las prácticas comerciales discriminadoras y en materia jurisdiccional la perspectiva de género que incluye un trato justo, igualitario, casuístico y explícito para mujeres y hombres.
Pero el costo de ser mujer es mayor de lo que anticipábamos, pues no comprende solamente a los sectores laboral y económico para otorgar efectos distributivos y retributivos entre ambos géneros. Los temas inmediatos son la tutela jurídica y la impartición de justicia, así como la organización institucional y democrática, para que la igualdad de género y otros aspectos también razonables puedan incorporarse a la agenda pública por la vía de la acción institucional.
Para ilustrar lo anterior, el Índice de la Brecha de Género de 2015 publicado por el Foro Económico Mundial, ubicó a México en el lugar 71 de un total de 145 economías que componen la muestra. ¿Qué significa, en términos del costo de ser mujer y de la igualdad de género? Para responder la pregunta es necesario entender que el índice mide la participación económica y las oportunidades, el éxito educativo, la salud y supervivencia, y el empoderamiento político que significa la garantía de igualdad y libertades efectivas.
El índice resalta que en México, por cada 100 dólares que ingresan en promedio a los bolsillos de los varones, las mujeres sólo obtienen 85, lo que contrasta con la creciente proporción de mujeres graduadas de las universidades del país que representan 53 por ciento del total de la fuerza laboral con título universitario. Este dato no es trivial, al analizar que únicamente 48 por ciento de las mujeres tienen o están en busca de un trabajo remunerado, mientras 85 por ciento de los varones se encuentran en la misma situación.
En ese sentido, la tasa de desempleo está compuesta mayoritariamente por mujeres que se dedican al hogar u otras actividades no remuneradas. La informalidad castiga sus bolsillos, aunque esta práctica está diseminada y aceptada cultural y socialmente. En otros términos, las labores domésticas informales o no remuneradas son aceptables cuando se trata de su desempeño.
En términos de la representación a cargos públicos, solamente cuatro de cada 10 mexicanos son mujeres, y sólo 18 por ciento de los puestos claves en los tres poderes están ocupados por ellas. Alguien podría refutar que los hombres son mejores para la política y la impartición de justicia, o que su desempeño público es más eficiente. Otras voces podrían argüir que no porque las mujeres ocupen la mitad exacta de los puestos públicos nuestra sociedad será igualitaria y justa. Las dos explicaciones no son comprensibles ni racionales. Lo explico:
Asumiendo que es igualmente válido objetar a favor de la igualdad de género como en pro de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y las preferencias sexuales, podemos inferir que estas demandas tienen algo en común y es que todas son razonables, comprensibles y están bajo la tutela jurídica que protege el catálogo básico de derechos fundamentales.
Esta multiplicidad de argumentos no se oponen entre sí, y su goce común tiene consecuencias benéficas; además, su origen ideológico es irrelevante si en todos se reconoce a la justicia como el encuadre liberal para su discusión y desahogo.
Cuando hablamos del costo de ser mujer no pensamos únicamente en las acciones preventivas ni en las punitivas para resarcir los daños que pueden resentir las mujeres. Cuando dialogamos sobre igualdad vamos mucho más allá, al prever los efectos que, en el marco jurídico e institucional, tienen los acuerdos públicos y las formas para dirimir conflictos entre mujeres y hombres, entre ciudadanos y sus instituciones.
El argumento central reside en que la igualdad de género busca un efectivo tratamiento basado en méritos y capacidades individuales, no en proporciones numéricas. Este es un principio democrático que privilegia a la educación como eje de la justicia social, y se centra en las personas más aptas para encabezar las tareas del Estado y para proteger las libertades personales.
En términos jurídicos y políticos, la igualdad de género no antagoniza y mucho menos estigmatiza a un género en particular, sino que los equipara, otorga protección legal y genera incentivos para que los costos privados y públicos sean prácticamente nulos.
El índice estima que la brecha de género en México será cerrada en 2133. El reto es ubicarnos en una década entre el grupo de las 10 economías con menor brecha de disparidad y concluir este siglo privilegiando la igualdad, con la tolerancia y comprensión política para pasar de las incongruencias, el desacuerdo y la inacción, producto de los prejuicios, a la efectiva protección de los derechos y libertades de las personas.
*Magistrada federal y académica universitaria
