Río de Janeiro.

El gobierno de Río de Janeiro decretó ayer estado de calamidad pública, a raíz de la profunda crisis económica que enfrenta desde principios de año. El documento menciona la imposibilidad de honrar compromisos asumidos para la realización de los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados en 48 días. El presidente interino, Michel Temer, fue informado de la iniciativa la noche anterior y dio su respaldo a la medida.

El apoyo del interino se traduce en un aporte, en un régimen de urgencia, de 2 mil 900 millones de reales (unos 830 millones de dólares). Será el primero de una serie con el objetivo no sólo de asegurar la realización de los Juegos Olímpicos, sino de impedir un colapso total.

Es la primera vez en la historia que un gobierno estadual decreta el estado de calamidad pública por razones financieras. La insólita disposición fue adoptada cuando la mirada internacional está dirigida principalmente a Río de Janeiro, justo en vísperas de la realización de los Juegos Olímpicos.

El alcalde de la urbe, Eduardo Paes, aclaró que su gestión dispone de recursos para honrar su parte en los compromisos asumidos. El problema es el estado, subrayó, que está en virtual quiebra.

El decreto autoriza que los responsables de cada sector del gobierno estatal adopten medidas excepcionales, pero no detalla cuáles podrán ser.

La verdad es que la iniciativa era previsible. El segundo estado económicamente más fuerte del país, que tiene la mayor economía de América Latina, ya había adoptado medidas indicando claramente la escasez extrema de recursos. El déficit previsto para 2016 ronda 19 mil millones de reales (alrededor de 5 mil 600 millones de dólares).

Desde marzo los sueldos de los funcionarios, así como las jubilaciones y pensiones, sufren demoras seguidas. Los hospitales públicos y las escuelas se encuentran en situación de abandono, al borde de un colapso de dimensiones gravísimas.

La raíz más visible de la crisis inédita enfrentada por Río de Janeiro está en la caída abrupta de la recaudación de impuestos estaduales, gracias a la crisis que sacude al país, agravada por la merma contundente en los royalties referentes al petróleo producido en su jurisdicción, cuyo precio cayó desde el año pasado.

Desde hace al menos cuatro meses el gobierno estatal enfrenta crecientes dificultades en la prestación de servicios públicos, en las áreas de salud, educación, movilidad y gestión ambiental. También la seguridad está amenazada: faltan recursos para mantener las rondas policiales y para adquirir combustible para los patrulleros. Los índices de criminalidad crecieron desde febrero, cuando la crisis surgió en su pavoroso esplendor.

Ayer, el secretario de Hacienda, Julio Bueno, hizo un comentario contundente: Si en vez de un estado fuera una empresa, lo que estaríamos haciendo sería pedir judicialmente una suspensión de pagos para impedir que se decretara la quiebra irreversible.

Río de Janeiro no es el único de los 27 estados brasileños que enfrentan dificultades. Una de las razones para esa crisis generalizada está en el porcentual de la recaudación que es destinado al pago del funcionalismo público. Si otros estados adoptan medidas similares a las de Río, las consecuencias serán imprevisibles. Analistas políticos y económicos creen que son muy escasas las posibilidades de que la iniciativa se repita en otras localidades.

Tan pronto se conocieron los detalles del decreto, juristas y especialistas en gestión pública cuestionaron, con más o menos vehemencia, la constitucionalidad de la disposición. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, argumentan, y no es admisible que la administración pública anuncie que para apoyar su realización se sacrifiquen obligaciones establecidas por la ley.

Otros analistas dicen que, en realidad, el decreto es una manera de presionar al gobierno interino de Temer para que abra la chequera y libere recursos.

Brasilia venía estudiando desde mayo la posibilidad de conceder préstamos de urgencia a los gobiernos de Río, Minas Gerais y Río Grande do Sul, cuyas crisis fiscales son más agudas. El argumento utilizado –no disponer de fondos necesarios para realizar los Juegos Olímpicos– sería, en este caso, una jugada magistral para no esperar que Brasilia impusiera condiciones para liberar los préstamos que están siendo analizados.

El estado de calamidad suele decretarse cuando se enfrentan catástrofes naturales, como aluviones e inundaciones, lo cual permite que se determine el destino de recursos con carácter excepcional. Permite además que el gobernador o alcalde determine corte a sueldos, dimisión de funcionarios, suspensión de servicios obligatorios y otras iniciativas obligatorias.

Pero esta vez el huracán y la tempestad no se formaron en los aires, sino, muy concretamente, en errores de gestión.

La cuenta caerá a todos los brasileños. Pero los dueños del meganegocio llamado olimpiadas podrán respirar tranquilos, o casi.