La cúpula del sector empresarial del país calificó de excesiva la inclusión de una disposición en el Sistema Nacional Anticorrupción por la cual tanto las personas físicas como las empresas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deberán presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

En conferencia telefónica desde Washington, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que dicha medida (incluida a última hora en el Senado) es inadecuada y completamente inaplicable en la práctica, pues la redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas –que son cientos de miles– tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería.

Agregó que incluso podría interpretarse que la obligación abarca a todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado.

Estamos hablando de cientos de miles o millones de personas, por lo cual consideró que lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.

Recordó que durante todo el proceso de discusión en los meses recientes, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas.

En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad.

Añadió que la corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la ley 3 de 3, pues incluso, tras las discusiones en el Senado se creó un capítulo especial en el que se imponen sanciones específicas y se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas administrativas graves como soborno, tráfico de influencias y colusión (artículos 65 al 72).

Castañón señaló que adicionalmente, en las reglas de contratación pública se pueden crear requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad.

Por su parte, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron este jueves por primera vez en la historia del organismo en las escalinatas del Ángel de la Independencia para presionar a los diputados federales para que analicen con serenidad y voten con responsabilidad esta legislación. Nuestro sistema democrático es bicameral y, por lo tanto, lo republicano es que una cámara corrija los errores de la otra, como ya ha sucedido en diversas ocasiones en nuestra historia.

El presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, reconoció a los senadores que sí asistieron este jueves a la sesión en la que se aprobó la Ley Federal de Responsabilidades y votaron en favor del espíritu original de las iniciativas, quienes, dijo, no tuvieron miedo de transparentarse frente a sus representados.

Sin embargo, criticó a algunos senadores que, dijo, pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados.

Reconocemos el avance, pero no estamos satisfechos, aseguró.