El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opuso a que el funcionario público que sea suspendido de su cargo al ser investigado por cometer faltas o delitos administrativos, sea retenido su salario en lo que dura el proceso.

Por seis votos a cinco, los ministros rechazaron el proyecto elaborado por Arturo Zaldívar, que consideraba inconstitucional la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y no planteaba una interpretación que permitiera que el funcionario recibiera una cantidad aproximada de 30 por ciento de su salario durante el proceso.

Lo anterior, al analizar una contradicción de tesis entre la primera y segunda salas del máximo tribunal sobre el tema.

La primera sala resolvió, al conceder un amparo, que el artículo 21, fracción V de la citada ley, viola el principio de presunción de inocencia, porque la aplicación de la retención de salarios constituye una medida anticipada a la pena.

La segunda sala, al resolver otro amparo, también determinó que viola la presunción de inocencia y priva al gobernado del mínimo vital al que tiene derecho, pero concluye, que la norma es constitucional, siempre y cuando la autoridad sancionadora pague una cantidad equivalente al ingreso mínimo de subsistencia al servidor público.

El proyecto fue turnado a otro integrante del pleno.