La presión empresarial y del PAN no hizo efecto en la mayoría de PRI, PVEM y sus aliados de Nueva Alianza y Encuentro Social (PES), que en la Cámara de Diputados ratificaron la disposición del Senado para que personas físicas o morales que reciban recursos gubernamentales o realicen contratos de obra pública presenten su declaración patrimonial y de intereses.

Además, esa misma mayoría validó que los funcionarios públicos no estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses, si ello afecta su vida privada o los datos personales.

En la discusión del paquete legal del Sistema Nacional Anticorrupción –que se turnó al Ejecutivo–, las bancadas de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron, por separado, distintas reservas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para insistir en que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, fiscal y de interés.

Hay un grito de hartazgo social, que no quiere políticos que roben, se paseen cínicamente por las calles o se vayan a otros países, afirmó el panista Herminio Corral. No obstante, las propuestas fueron desechadas en una cerrada votación de 209 votos en favor de la oposición y 228 de la alianza encabezada por el tricolor.

Mientras, en la discusión del artículo 32 de la norma, la diputada Guadalupe Murguía (PAN), quien preside la comisión especial que indaga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló: “esta reforma es improcedente, porque regula a los servidores públicos, no a las personas físicas y morales. La redacción es tan ambigua que cualquier trabajador en lo general tendría que presentar sus declaraciones: directivos, albañiles, personal de limpieza, subcontratistas, electricistas, becarios, adultos mayores, universitarios del servicio social…”, argumentó. Tal como quedó, advirtió, puede ser impugnada.

En tanto, Araceli Damián (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social, alertó que hasta los pobres que reciben dádivas tendrían que realizar su declaración patrimonial. ¿Qué declararían? ¿Ropa usada, cacharros y un techo de lámina regalado a cambio de su voto en la última elección?, reprochó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó que al prevalecer el rechazo a ventilar la información de los funcionarios públicos, PRI y PVEM son capaces de mantener una congruencia absoluta con su pasado de opacidad, complicidad y corrupción.

Ofreció que ninguno de los diputados de Movimiento Ciudadano se ausentaría, como hicieron los senadores en la madrugada del jueves y, sin embargo, al momento en que se votaron las reservas la única que no estuvo presente, como ha ocurrido en todo el periodo extraordinario, fue Claudia Corichi, hija de Amalia García. A ello se sumaron también los 10 diputados del PES, que se salieron del salón y regresaron cuando la votación ya estaba cerrada.

Antes, el pleno aprobó el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que restituye a la Secretaría de la Función Pública todas las atribuciones que tenía en 2013, cuando, por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso la desapareció de esa misma ley. Con ello, además, la dependencia se ubica prácticamente a la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción.

La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, explicó que la influencia de la secretaría recorre todo el gobierno federal, excepto en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, se deja fuera a las empresas donde más adquisiciones, obras de arrendamientos y contratos se llevan a cabo. Es ahí donde hacen negocios, es ahí donde se dio Oceanografía, es ahí donde estuvieron los hijos de Marta Sahagún, donde se ha cometido un sinfín de corruptelas, señaló.

Al explicar el contenido de la reforma, que se turnó como minuta al Senado, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén Vicente (PRI), se metió en un embrollo porque presentó un agregado al dictamen, que previamente había sido enviado desde Bucareli, sin conocimiento de los integrantes de esa instancia.

La legisladora priísta citó que nuevamente la Función Pública se encargará de organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos.

Si bien se coordinará con el Sistema Nacional Anticorrupción y el de fiscalización, como encargada de llevar el registro de servidores públicos, así como recibir, registrar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses, será la responsable de aplicar las sanciones y presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Nahle señaló que con ello, se revive a la dependencia pero continúa sin autonomía plena.

El pleno votó también el dictamen de la ley general de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, también enviada al Senado, que da nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Rogerio Castro (Morena), presidente de la Comisión de Transparencia, explicó que se suprime el principio de posteridad y anualidad en la revisión de las cuentas públicas, además de que se podrá iniciar el proceso de verificación del gasto a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

También se incluyó la facultad de la ASF para fiscalizar los recursos federales que sean transferidos a los gobiernos locales, a fideicomisos, fondos y mandatos, tanto públicos como privados. La revisión a los estados será en coordinación con las administraciones de las entidades.