Guanajuato, Gto.

El Congreso local ordenó a la Auditoría Superior del Estado que fiscalice el proceso de adquisición de las 607 hectáreas de la reserva territorial que el gobierno de la entidad hizo para la instalación de la armadora Toyota y sobre las acciones relativas a infraestructura vial, ferroviaria, hidráulica y de servicios que se pondrá a disposición de esa empresa automotriz.

A petición del gobernador, el panista Miguel Márquez Márquez, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo propuso ante el pleno la aprobación de la auditoría integral.

En tribuna, el diputado Gerardo Silva Campos exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a que investigue el supuesto tráfico de influencias que permitió a la empresa Jaos & Sgb, del regiomontano Grupo Garza Ponce, comprar barato más de 260 hectáreas y revenderlas caras al gobierno del estado.

Gracias a una filtración de información oficial –supuestamente–, Jaos & Sgb pagó en promedio a 180 mil pesos la hectárea al ejido Caleras de Ameche, municipio de Apaseo El Grande, poco antes de que la autoridad estatal anunciara la expropiación de 607 hectáreas, incluidas las 260 de la empresa, en junio de 2014.

De acuerdo con un decreto de expropiación de 10 hectáreas, publicado el 22 de enero en el periódico oficial, Jaos vendió la hectárea en un millón 450 mil pesos.