La reforma del sector eléctrico privilegia abiertamente la explotación de recursos por empresas privadas nacionales e internacionales, omitiendo los compromisos en materia de derechos humanos y la inclusión de las comunidades potencialmente afectadas por estos cambios legislativos, aseguró la organización no gubernamental Sociedad Abierta Práctica para los Derechos y Gobiernos (OSIRG Fellowship, por sus siglas en inglés).

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2016-2030 prevé la construcción de 409 centrales en los próximos 15 años, por lo que se requerirán inversiones de 2.2 billones de pesos, 131 mil 600 millones de dólares para generación eléctrica y el resto para la modernización de las redes de transmisión y distribución.

En su amplio estudio Defensa del territorio frente a proyectos del sector eléctrico en México, la OSIRG Fellowship advierte que debido a que hay una diferencia evidente entre los riesgos que trae la reforma y oportunidades de defensa, siendo mayores los primeros que las segundas, será necesario fortalecer las estrategias de prevención e informar anticipadamente a las comunidades y grupos interesados.

Por ello, agrega, será necesario también elaborar estrategias jurídicas sólidas que permitan refutar los supuestos sobre los cuales se basa la reforma energética que, como se ha demostrado, van en contravía del marco de derechos humanos y de los compromisos ratificados por México en proyectos de desarrollo.

Se destaca que el desarrollo de proyectos como los que se busca emprender con la reforma energética en la industria eléctrica, en generación (hidroeléctricas, eólicas, minicentrales), transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, son obras de infraestructura y megaproyectos que en la mayoría de los casos podrían poner en peligro los recursos naturales y los territorios indígenas que les permiten su subsistencia.

El estudio fue elaborado por Natalia Correa Sánchez en colaboración con organismos como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Colectivo de Abogados.