La creciente militarización como política de Estado para el combate al tráfico de drogas ha tenido un elevado costo en la sistemática violación de los derechos humanos, donde los grupos más vulnerables, como los migrantes, prácticamente están invisibilizados. Lo peor es que la solución parece no estar cerca, incluso tiende a empeorar para el futuro inmediato.

Lo anterior es parte de las conclusiones a las que llegaron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de México y Estados Unidos, en una mesa de reflexión sobre la militarización y derechos humanos, convocados por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Comité de Servicios de Amigos Estadunidenses.

Los representantes de las organizaciones y colectivos expresaron también que esta militarización, impulsada en y desde Estados Unidos, abarca también a los países centroamericanos.

Dijeron que en el pasado más reciente, esta política de militarización que se ejecutó con el llamado Plan Mérida –tratado internacional de seguridad establecido por Washington en acuerdo con México y las naciones de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y ahora con el Programa de la Frontera Sur, para que nuestro país contenga el flujo migratorio centroamericano hacia el vecino del norte.

Rodolfo Córdova Alcaráz, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se refirió al enorme despliegue operativo policiaco y militar que realiza el país para contener el flujo de migración centroamericana.

Una prueba de la prioridad que tiene este programa para México radica en los más de 12 mil 800 millones de pesos asignados al Instituto Nacional de Migración (INM) en 2015, monto superior al de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo.

En tanto, la religiosa Leticia Rodríguez, directora general de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR), señaló que en las cifras que revelan la crisis de derechos humanos en el país no están las de los migrantes, quienes están invisibilizados. Denunció que ahora policías de seguridad privada asesinan a indocumentados que viajan en el tren. La orden no es detenerlos, sino tiran a matar, aseguró.

Benjamín Prado, activista de derechos humanos en San Diego, señaló que el panorama para los migrantes indocumentados en Estados Unidos tampoco se presenta bueno, además de que mostró su recelo por el clima político y las propuestas hechas rumbo a las elecciones en ese país.

Tras señalar que a pesar de que en el gobierno del presidente Barack Obama se ha registrado el mayor número de deportaciones en toda la historia, calculó que la situación todavía empeorará, por el aumento del número de familias separada, abusos y encarcelamiento de migrantes.

John Lindsay, de American Friends Service Commite, dijo que aun cuando la cooperación militar entre México y Estados Unidos se ha reducido en los últimos años, hay un aumento en la venta de equipo y armamento.