El Senado concluyó ayer la aprobación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, entre críticas a los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que abandonaron la sesión o no se presentaron durante la votación de la Ley Federal de Responsabilidades, lo que impidió que se echara abajo la disposición de no hacer públicas las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de los funcionarios.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) debieron salir a responder a los cuestionamientos que les formularon los impulsores de la llamada ley 3 de 3, de que achicaron ese ordenamiento y también a la reacción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuya directiva protestó porque a última hora se aprobó que también los empresarios estén obligados a presentar las tres declaraciones.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, advirtió que no aceptarán descalificaciones y el pevemista Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo que las organizaciones empresariales y sociales que impulsaron la ley 3 de 3, están fracturadas, ya que mientras algunas felicitan al Senado por la aprobación de la reforma, otros, como Juan Pardinas, faltan a la verdad, al sostener que se aprobó una versión light de ese ordenamiento. El senador Escudero sostuvo que se incluyeron en el dictamen 29 de las 30 observaciones que les remitieron y se confrontó también con la Coparmex. Si no están dispuestos a darse cuenta de que son parte del problema de la corrupción, nosotros se los vamos a recordar.

Durante la madrugada de ayer se aprobó la Ley Federal de Responsabilidades. PAN y PRD perdieron por ocho votos la posibilidad de echar abajo el artículo 29 de esa ley, en el que PRI y PVEM establecieron candados para evitar que se haga pública la riqueza de funcionarios, legisladores, jueces, ministros y dirigentes sindicales.

Ayer responsabilizaron a la bancada del Partido del Trabajo (PT), cuyos cinco senadores presentes no votaron o como en el caso de Ana Gabriela Guevara, lo hicieron en abstención. El coordinador Manuel Bartlett respondió que sus votos no eran definitorios, ya que seis senadores perredistas y panistas abandonaron la sesión y a ellos hay que preguntarles por qué lo hicieron. No tenía caso, en ese contexto, recalcó Bartlett, votar a favor de una ley que nosotros consideramos una simulación.

El artículo 29, modificado en una adenda presentada por PRI-PVEM indica que: las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

La propuesta del PRI-PVEM eliminó la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva.

PAN y PRD habían hecho sus cuentas y ganaban la votación. Sólo que en la madrugada en que se votó –cerca de las tres– se habían retirado del salón de sesiones los perredistas Luz María Beristáin, Alejandra Roldán y Benjamín Robles. Además de los panistas Jorge Luis Preciado y Héctor Larios y no asistieron a la sesión Adriana Fernández Dávila y José María Martínez.

La votación final fue 59 contra 51, por lo que los votos de los cinco senadores del PT presentes no bastaban.

Ayer el senador Larios respondió que salió de la sesión sólo por dos horas, porque creyó que el debate se alargaría y su compañero de bancada Martínez, pretextó estar enfermo.

El PRI-PVEM contó con el voto de Manuel Cárdenas –suplente de la fallecida Mónica Arriola–, quien presentó como propias las modificaciones al proyecto de dictamen, contenidas en la adenda de priístas y verdes, y una más, la sorpresiva al artículo 32, en el que se incluye la obligación de empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.

Ayer, el pleno del Senado aprobó las otras tres leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), por las que se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, y las reformas al Código Penal Federal.

Las cinco reformas que corresponden al Senado fueron turnadas ayer mismo a la Cámara de Diputados.