El observatorio ciudadano del Sistema de Justicia criticó que la Ley Nacional de Ejecución Penal haya sido aprobada por el Congreso cinco años después de lo previsto por el decreto de reforma constitucional de 2008, lo cual implicó un atraso importante en la ejecución de este proceso. Sin embargo, consideró que la legislación aprobada representa un avance en el respeto a los derechos humanos de las personas sentenciadas, en particular en el tema de la reinserción social. En un pronunciamiento, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), que integran el observatorio, señalaron que este avance es producto del trabajo que diversos grupos de la sociedad civil realizaron, incluso mucho antes de que se iniciara la discusión sobre la ley en las cámaras. Además, alertaron que las nuevas disposiciones de esta ley implicarán un reto para los Centros de Reinserción Social de cada uno de los estados, pues actualmente existe una gran disparidad en cuanto a las condiciones de infraestructura, de personal capacitado y de prácticas respetuosas de los derechos de las personas sentenciadas de todo el país.