El penal de Barrientos, donde la noche del pasado lunes se registró un motín, cuyo saldo fue la fuga de tres reos y 15 heridos, entre presos y policías del estado de México, enfrenta serios problemas de hacinamiento, sobrepoblación e insuficiencia de personal de custodia, además de que los internos ejercen ilegalmente funciones de autoridad.

En una larga lista de deficiencias reportadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último diagnóstico nacional penitenciario, se advierte también la falta de acciones en la clasificación y ubicación de procesados y sentenciados, así como acciones de extorsión y sobornos de los internos.

Aun así, el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, como se identifica oficialmente al penal de Barrientos, obtuvo una calificación promedio de 6.65 puntos, ligeramente arriba de la media nacional. Sin embargo, enfrenta una grave situación de hacinamiento, pues su capacidad de mil 123 presos es ampliamente rebasada, al tener a 3 mil 914.

En el diagnóstico correspondiente a 2015, el cual fue dado a conocer recientemente por la CNDH, se señala una serie de temas a los que debería prestarse atención, como insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, como el ocurrido la noche del lunes, donde el saldo incluyó cinco patrullas dañadas y una quemada.

Otro de los puntos que según la CNDH debe corregirse en este penal es el referente a la reinserción social del interno, pues se observaron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados, falta de actividades laborales, capacitación e insuficiencia en actividades deportivas y en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.