a marca España, así se conoce el eslogan publicitario que los diferentes gobiernos han utilizado en el patrocinio de inversiones y ventas de productos made in Spain. Pero no se trata sólo de inversiones, responde a una propuesta ideológico-política. Tras la neutralidad del intercambio y el comercio internacional se encubre una acción agresiva, entre otras cosas, para engrosar las ganancias de las empresas españolas, descapitalizando las economías latinoamericanas, evadiendo capitales, creando catástrofes medioambientales, impulsando la corrupción, financiando golpes de Estado y desestabilizando gobiernos populares.

Hoy le toca a la República Bolivariana de Venezuela, pero han sido constantes los apoyos a la oposición argentina, hasta el triunfo del neoliberal Mauricio Macri. En Brasil han mantenido una actitud beligerante con la presidenta Dilma Rousseff, aupando al nuevo presidente en funciones, Michel Temer, transformando el golpe blando en una acción democrática impoluta. Ni qué decir de sus compromisos con los partidos tradicionales en Paraguay y Honduras, que culminaron con la destitución de Fernando Lugo y Manuel Zelaya. No menos han sido sus continuas presiones sobre Bolivia y Ecuador. Sin olvidarnos del boicot a la Alba, Unasur, Celac y cuantos organismos puedan contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. En Panamá paralizaron las obras de la nueva esclusa, solicitando un sobrepago que contó con el apoyo del gobierno de Rajoy y las presiones de Felipe González. Asimismo, los megaproyectos en el sur de Chile, en Colombia y en México, solventados por el BBVA, Santander o Caixa Bank, hablan de esta política imperial.

Todos los gobiernos, hayan sido del PSOE o del Partido Popular, coinciden en dicho objetivo, cuyo factor político se resuelve en la consigna: exportar democracia occidental, para reforzar el liderazgo de Estados Unidos en la región. En las últimas décadas el enemigo ha mutado según la coyuntura. Durante la guerra fría fue el comunismo, tras su crisis, el enemigo fue remplazado por los movimientos populares, étnicos, de pueblos originarios, contra el neoliberalismo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el enemigo se amplía, criminalizando cualquier tipo de protesta social, reivindicación democrática y proyecto anticapitalista. Hoy, se trata de luchar contra los populismos demagógicos, autoritarios, antisistema.

Lo penoso de lo dicho, más allá de constituir una injerencia en asuntos internos de otros estados, es la falta de iniciativa, o mejor dicho, la subordinación de España a los planes diseñados por Estados Unidos. Y no se trata de una afirmación o un recurso fácil destinado a encubrir errores de gobiernos populares en la región. Los documentos desclasificados, informes y declaraciones de los presidentes de gobierno, ministros, dirigentes del PSOE y del Partido Popular lo demuestran.

Desde la grandilocuente frase de Felipe González, en medio de la crisis centroamericana: no tomaremos ninguna decisión sobre América Latina sin antes consultar a nuestro aliado del norte, pasando por la agenda de la libertad para América Latina, redactada por el gobierno de Jose María Aznar, donde se explicita que España debe colaborar con Estados Unidos, pilar de la libertad mundial, en su tarea de reforzar su poder en América Latina.

Bajo el titular: América Latina en la encrucijada de Ooccidente se han desarrollado todas las políticas para evitar la consolidación de proyectos alternativos al neoliberalismo. Así, coincidiendo con la estrategia desestabilizadora hacia Venezuela, John Saxe-Fernández desvelaba la Operación Venezuela Freedom-2 en La Jornada.

Documento elaborado por el Comando Sur y firmado por el almirante Kurt W. Tidd, busca sumar esfuerzos internacionales para la salida y poner fin al gobierno del presidente Nicolás Maduro. España se presta al juego, convocando inmediatamente un Consejo de Seguridad Nacional para abordar el problema de la inestabilidad democrática en Venezuela. Rajoy no tuvo empacho, como tampoco, posteriormente, Albert Rivera, secretario general de Ciudadanos, en repetir los argumentos del documento del Pentágono.

Entre los puntos figuran crear una opinión pública internacional tendente a visualizar una crisis humanitaria (...) y plantear que se aproxima un colapso, donde la comunidad internacional debe demandar la intervención “para mantener la paz y salvar vidas. Asimismo, –proponen– la aplicación de la Carta Democrática (...) convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, y los ex presidentes, encabezados por el ex secretario de la OEA César Gaviria (...). Igualmente, no se puede dejar a un lado el esfuerzo –subrayan– que desarrollan para vincular al gobierno de Maduro en la corrupción y lavado de dinero. Haciendo hincapié en mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores y haciendo ingobernable la situación”. En conclusión, reconocen que la agenda desestabilizadora ha sido acordada con el MUD, incluyendo un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo sofisticado de la violencia armada, sin olvidar, por supuesto, que hay que seguir impulsando el referendo (...) para organizar (...) la confrontación.

No es una acusación sin fundamentos, España juega un papel desestabilizador. Sus actos lo demuestran. Los insultos y la descalificación de los ex presidentes González, Aznar y ahora Rajoy en funciones, hacia Venezuela, dejan al descubierto el rol subordinado de España en su política exterior hacia América Latina, al asumir punto por punto la agenda de Estados Unidos. A cambio reciben migajas: Obama vendrá a España a visitar a sus cipayos, verificar el estado del escudo antimisiles, comprobar la buena salud de las bases estadunidenses y la sumisión de sus subordinados.