a semana pasada se celebraron las reuniones más importantes de este año en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su sede de Ginebra, Suiza. Asistí por primera vez no como invitado del gobierno mexicano, sino a nombre del sindicato nacional de mineros y de IndustriAll Global Union, organización independiente a la que pertenecemos como gremio y en la que orgullosamente me honra formar parte de su Comité ejecutivo mundial, que agrupa a más de 50 millones de trabajadores de 140 países.

La OIT se fundó en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de alcanzar la justicia social universal, para mantener la paz entre las naciones de manera duradera y permanente. Al inicio estaba integrada por sólo nueve países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos) con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en todos sus órganos ejecutivos.

Las propuestas para crear una organización internacional que se concentrara en los temas laborales se habían iniciado desde el siglo XIX. Se trataba de otorgar un verdadero reconocimiento e importancia a la justicia social, como el elemento fundamental para el logro de la paz y la estabilidad laboral, frente a un pasado de explotación despiadada de la clase trabajadora, incluyendo a niños y mujeres, la cual había evolucionado en países industrializados hasta alcanzar niveles de abuso inhumano y de generación de miseria y desigualdad extremas, quizá sólo rebasadas por la realidad actual.

Hoy, a 97 años de distancia desde su fundación, la OIT agrupa a 187 países y constituye el foro laboral más importante a escala internacional. Sin embargo, y a pesar de todas las reformas, adecuaciones y transformaciones que ha experimentado a lo largo del siglo, las condiciones de vida y de trabajo vigentes, salvo algunas excepciones, no han permitido reducir o frenar la desigualdad social, mientras que la distribución del ingreso se ha deteriorado con severidad, afectando gravemente a la mayoría de la población. México no sólo no ha sido la excepción, sino por el contrario, se ha convertido en la tercera economía del mundo con la peor distribución del ingreso y los salarios más bajos de América Latina, según los análisis publicados por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, de la ONU y por medios de gran credibilidad, como el periódico Toronto Star, de Canadá.

En esas condiciones, durante la primera y segunda semanas de junio de 2016, llegó a Ginebra para asistir a las conferencias de la OIT, una delegación mexicana con más de 70 representantes de los sindicatos oficiales (40), empleadores y cámaras empresariales (24) y un número no menos nutrido de 10 funcionarios públicos encabezados por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Al final de la conferencia el representante de México fue electo para ocupar la presidencia del Grupo gubernamental de la OIT para el periodo 2016-2017. La decisión se tomó en el contexto de la 105 Conferencia Internacional del Trabajo, que este año sesionó bajo el lema: Construir un futuro con trabajo decente.

El secretario Navarrete Prida, durante su intervención, en la sesión plenaria de la Conferencia y ante la delegación tripartita de México y de otros países, destacó que la paz laboral que prevalece en el país es resultado de un diálogo social fuerte, sólido y tripartito, que ha permitido alcanzar casi 32 meses sin una huelga de jurisdicción federal.

En contraste, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Alemania, en reunión por separado de la OIT, difundió un estudio, del cual me ocuparé en otro artículo, donde señala que el derecho a la huelga está bajo constantes ataques. Las incidencias de las huelgas que se han suspendido, sancionado o prohibido, como resultado de nuevas leyes o reformas, han estado creciendo en muchos países. México es señalado por esta fundación como un país donde existen excesivos prerrequisitos para estallar una huelga, que es el último recurso de los trabajadores para defender sus derechos o para revertir las violaciones a los contratos colectivos y los abusos y amenazas contra el personal.

La Fundación Ebert afirma que para ejercer el derecho a la huelga en México, se requiere que el sindicato solicite la aprobación de la autoridad laboral, lo que implica un juicio ante un tribunal tripartita, donde el Estado es juez y jurado. Los sindicatos deben justificar que las razones para decretar las huelgas son una violación sistemática de sus derechos establecidos en la Constitución, lo cual es prácticamente imposible, con lo cual la autoridad las declara inexistentes o ilegales, incluso antes de la fecha o la hora señalada para el establecimiento de las mismas.

Algunas de las conclusiones preliminares más importantes de estas conferencias pueden resumirse brevemente, a reserva de profundizar más en ellas. La primera, la OIT está limitada para obligar o instruir a los gobiernos a que adopten estrategias y políticas para reducir o eliminar la desigualdad y la explotación de la fuerza de trabajo. La OIT puede recomendar o condenar sus acciones, pero no puede obligar a los gobiernos a cambiar y, con ello, proteger la justicia, la democracia y la libertad sindical.

La soberanía, la diplomacia y los intereses la limitan y por eso en muchos países los funcionarios gubernamentales y políticos hacen lo que quieren y mantienen las condiciones que consideren más pertinentes, aún si están equivocados o si con sus acciones producen más pobreza, discriminación y desigualdad.

La segunda, los contratos de protección patronal han facilitado una política de explotación laboral y de esclavismo disfrazado. La tercera conclusión es que mientras mantenga el gobierno mexicano el sistema de toma de nota o de reconocimiento oficial de los sindicatos y de los líderes, no habrá democracia ni derecho a la libertad de asociación y sí un mayor control gubernamental que va en contra del Convenio 87 de la OIT, que el gobierno de México ha ratificado durante más de 60 años continuos. Es decir, nuestro país no puede continuar como candil en la calle cuando mantiene una gran oscuridad en la casa.

La cuarta es que aun cuando el proyecto de reforma en materia laboral que ha propuesto el gobierno de México tiene aspectos positivos, no podemos esperar a que la apruebe o reforme el Senado de la República hasta después de septiembre próximo para aplicar correctamente o con transparencia la ley laboral actual, emanada de la Constitución que se adoptó en 1917, la cual está reconocida, según el propio gobierno, como la primera Constitución social del siglo XX, incluso con derechos que se establecieron con antelación a otras constituciones del siglo pasado.

La quinta y por ahora última conclusión es una pregunta: en estas condiciones y ante la situación global y de México, ¿cuál es el futuro de la clase trabajadora?