n un contexto de corrupción e impunidad como el que vive el país, pareciera positivo y plausible todo lo que ayude a dar transparencia a las circunstancias patrimoniales y de intereses económicos de los políticos y su entorno familiar inmediato. Hasta ahora, el tejido jurídico se ha elaborado para bien servir a las necesidades de la élite política en todas sus versiones partidistas: un ejemplo escandalosamente conocido es el de las maniobras burdas que se han realizado para exonerar formalmente a políticos de la casa blanca (es decir, la de Lomas de Chapultepec, no la de Washington), de Bucareli (el secretario y su principal subsecretario cuña) y la Secretaría de Hacienda (en cuanto a residencias campestres). Todo legalito, al final del juego. Con cuentas a buen resguardo y operaciones inmobiliarias y financieras sin supervisión real ni castigo (y, para cerrar el cuadro, la aparición bufa de un secretario de la Función Pública nombrado por el jefe para blanquear cuanto sea necesario).

Bajo esa óptica, algo interesante y defendible habría de tener el paquete de propuestas que es conocido como Ley 3de3, pues una gran parte de la clase política tradicional se opuso a la plena aprobación de esa iniciativa y, con el PRI y el Partido Verde por delante, se redujo en cuanto les fue posible el filo y las consecuencias de esas reformas legales. Si fuera tan inocua, o meramente una farsa acordada entre cómplices, estaría resultando muy caro a los políticos oficialistas, en términos de desaprobación social, el diluir esa propuesta.

Sin embargo, hay un segmento social y político que impugna con fuerza la mencionada Ley 3de3. Se denuncia que ese proyecto fue concebido e impulsado desde flancos de representación empresarial (la derecha, conforme a la geometría política en uso), que en términos estructurales es insuficiente (entre otras cosas, porque no toca a las cúspides de la corrupción nacional, los ex presidentes y el que esté en funciones) y que es una estratagema pensada para conseguir datos y voluntades de ciudadanos deseosos de impulsar algún tipo de cambios (fueron más de 600 mil), con la vista puesta en candidaturas independientes en 2018.

Los tres señalamientos anteriores tienen diversos grados de sustento pero, a consideración de un tecleador astillado que para sus oxidaciones usa aceite 3 en 1, no justificaban el rechazo general (inscrito también en cálculos electorales específicos) de un segmento de la izquierda a las variables positivas de la multimencionada propuesta. Cierto es que la élite empresarial mexicana ha estado históricamente asociada a los grupos en el poder, y que muchos de los negocios importantes provienen de actos de corrupción acordados con los políticos, pero también es cierto que la barbarie generalizada afecta a muchos empresarios y sus familias y que sigue causando merma a sus márgenes de utilidad. Hay una gran cantidad de empresarios (de todos los niveles, incluso de los más altos) que en pláticas privadas se quejan de la voracidad descarada de sus interlocutores gubernamentales, que en los tres años recientes han roto marcas en cuanto a exigencias de porcentajes y comisiones.

A juicio de quien esto escribe, y con plena conciencia de las motivaciones grupales, limitadas y futuristas de esa iniciativa (¿cuál no las tiene?), es de considerarse la importancia de dar pasos adelante en materia de transparencia, en un gradualismo que es consustancial a la existencia de partidos políticos y de la aceptación que estos hacen de las reglas del juego legislativo y ejecutivo. Por desgracia, este primer empuje fue neutralizado en aspectos importantes por las cúpulas legislativas que, entre otras disminuciones, han evitado dar máxima difusión a declaraciones correspondientes a la 3de3, pretendiendo que un comité ciudadano (que será nombrado por la misma cúpula legislativa deseosa de opacidad) se encargue en su momento de definir los formatos para publicitar los textos espinosos, lo que podría llevar a que ciudadanamente se decida escamotear buena parte de esa información.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sigue empeñado en mostrarse como un contrincante partidista-electoral que usa la dizque reforma educativa conforme a sus intereses personales. Ayer acusó al presidente del comité nacional de un partido, Morena, de mentir cínicamente respecto de los objetivos de la tal reforma. Suponiendo que así fuera, no corresponde al titular de una oficina de la administración pública el sostener una campaña de descalificación contra un dirigente partidista (el que fuera) que con legitimidad expresa su punto de vista (el que fuera). Serían, en todo caso, los demás partidos, los ciudadanos en general y, sobre todo, las urnas, los entes que deberían confrontar o apoyar esos dichos de Andrés Manuel López Obrador, pero no un funcionario público no electo, cuya obligación es presentar y ejecutar políticas generales para que sean debatidas y, obviamente, cuestionadas y repelidas por quienes en ejercicio cívico así lo decidieran. La obsesión beligerante del secretario Nuño contra el virtual candidato presidencial adelantado, López Obrador, dibuja con claridad el talante autoritario del titular de la SEP y su motora intención electoral en curso.

Astillas

En Oaxaca la oposición a la tal reforma educativa sigue adelante, bajo la expectante mirada policiaca que no ha recibido indicaciones de la superioridad para actuar contra movilizaciones que van más allá de lo gremial, apoyadas por padres de familia y ciudadanos… La valiente denuncia hecha por Rosa Margarita Ortiz, víctima de violación sexual a bordo de un autobús de la línea ETN, sólo ha tenido una lánguida atención de autoridades potosinas, queretanas y federales, en reproducción del esquema moroso y desatento que han sufrido la inmensa mayoría de las mujeres que se atreven a dar cauce judicial a agravios similares… ¡Hasta mañana, con el Güero Palma de regreso en México!

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