Después de meses de negociaciones, disensos y confrontación entre las fuerzas políticas, el pleno del Senado empezó a aprobar anoche las tres leyes más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción

Senadores de PRI y PAN festejaron las reformas, pero perredistas y panistas consideraron que las nuevas normas jurídicas representan un avance en el desmantelamiento del entramado constitucional que ha permitido que la corrupción forme parte del ejercicio de la función pública, aunque aún quedan muchos pendientes.

Entre ellos, “eliminar todo fuero constitucional, el del presidente de la República y los demás funcionarios, y aprobar una ley contra el soborno, el tráfico de influencias, el uso de paraísos fiscales y la creación de empresas off shore”, destacó Alejandro Encinas (PRD).

De no atacarse la corrupción en que incurren los presidentes de la República, como la forma en que se han enriquecido con las privatizaciones de empresas públicas, el Sistema Nacional Anticorrupción quedará como mera simulación, advirtió el coordinador del PT, Manuel Bartlett.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó con 116 votos en favor, y en la madrugada se votarán la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y General de Responsabilidades Administrativas, toda vez que se decidió una discusión general, pero votarlas luego por separado.

El debate más fuerte se espera en torno a esta última, ya que perredistas y petistas adelantaron que votarán en contra, por considerar que es una versión light de la llamada ley 3 de 3, toda vez que impide a los ciudadanos conocer el patrimonio de funcionarios, legisladores, jueces, ministros y en general de los servidores públicos.

Con ironía, Encinas comentó que en realidad es una ley dos que tres, porque no señala la obligación de los servidores públicos y su familia de dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

En contraparte, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM), sostuvo que se tomó en cuenta la petición de las organizaciones que impulsan la ley 3 de 3 y mediante un adendum, PRI y PVEM las incluyeron.

Sin embargo, el artículo 29 de dicho adendum a la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala: las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

La propuesta de PRI-PVEM eliminó la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva.

Los senadores panistas Juan Carlos Romero Hicks, Laura Angélica Rojas y Daniel Ávila anunciaron que votarían en contra de ese artículo.

En tanto, Dolores Padierna (PRD), quien presentó un voto particular contras las tres leyes, resaltó que carecen de un esquema para tramitar denuncias públicas sobre actos de corrupción.

Por la tarde se aprobó en comisiones modificar el Código Penal Federal para establecer como pena máxima la de 14 años, aunque en el caso de gobernadores y legisladores llega a 18 años y seis meses en delitos de enriquecimiento ilícito y cobro de comisiones.

Se avalaron también en comisiones reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para crear la fiscalía anticorrupción.