En medio de la grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano no ha entregado contribuciones voluntarias al organismo regional entre 2015 y 2016, según la información presupuestaria y reportes financieros de la propia comisión.

Pero además, en los años recientes ha absorbido una enorme capacidad operativa de la CIDH, situación generada por el gran aumento en el número de denuncias presentadas ante el organismo en contra de México, al pasar de 193 peticiones en 2006 a 849 en 2015, cifra que representa un aumento de 340 por ciento en este lapso.

Para la organización Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos, este incremento no tiene comparación con los países de la región. Desde su perspectiva, el Estado mexicano debía haber realizado aportaciones proporcionales a la carga de trabajo que generaba, de tal forma que para 2015 sus contribuciones deberían haber permitido atender casi 40 por ciento de las peticiones que llegaron ese año a la CIDH, y que correspondían sólo a nuestro país.

Efecto Útil asegura que México dejó de hacer aportaciones voluntarias en 2015 y 2016, y tampoco las hizo en 2010. Aclaró que el dinero entregado en estos dos años fue solamente con motivo de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Para este trabajo nuestro país entregó 2 millones de dólares entre 2015 y 2016.

Cuauhtémoc Rueda, director de Efecto Útil, aclaró que ese dinero no fue destinado para el trabajo operativo de la CIDH, sino por una necesidad específica de México, con lo cual a pesar de la retórica del gobierno mexicano ante la Orgenización de Estados Americanos (OEA), en realidad se ha establecido un cese en las aportaciones de nuestro país.

Se debe aclarar que las aportaciones hechas por México, y por las cuales el gobierno asegura ir al corriente en sus cuotas, han sido a la OEA, que a su vez le entrega a la CIDH 6 por ciento del total de los recursos recibidos. Pero ante la insuficiencia presupuestal, la comisión ha tenido que recurrir desde hace décadas a aportaciones voluntarias tanto de países miembros, como de naciones observadoras, organizaciones, universidades, y otras fuentes de financiamiento.

Finalmente, Rueda criticó la posición del gobierno mexicano ante esta crisis, pues su representante ante la OEA sugirió que esta falta en las aportaciones podría deberse a ‘‘una pérdida de confianza o dudas’’ sobre la eficacia y eficiencia del organismo.