A un lustro de aprobada, sólo 5 aspectos están por finalizar
Martes 14 de junio de 2016, p. 15
A cinco años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso en 2011, todavía hay entidades que no han concluido el proceso de armonización de su legislación local, reveló un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De manera particular preocupa el tema del respeto a las garantías en el sistema penitenciario, pues sólo 18 constituciones estatales indican esa obligación del Estado, mientras las normas en el resto de las entidades, entre ellas Chiapas, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Morelos, Quintana Roo y Veracruz, ni siquiera lo mencionan. Este es el aspecto menos armonizado de todos, cuyo índice es de tan sólo 56.25 por ciento.
Otro aspecto con mayor retraso es la no discriminación por preferencias sexuales, pues sólo 22 constituciones lo señalan explícitamente. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz ni siquiera la consideran, mientras estado de México, Nayarit y Tabasco lo hacen de manera parcial.
En la presentación de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, Laura Gurza Jaidar, directora de Planeación y Análisis de la CNDH, advirtió la urgencia de armonizar las normas estatales con la nacional.
Ricardo Sepúlveda Iguínez, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que esta dependencia recurrirá a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los congresos estatales para crear una mesa nacional de armonización.
De acuerdo con datos de la plataforma de la CNDH, ninguno de los 11 aspectos medidos ha concluido. Gurza Jaidar explicó que se da por cumplido cuando el texto de la Constitución local es igual o equivalente al de la Constitución de la República.
Los aspectos de mayor avance son los referentes a las autonomías de las comisiones estatales de derechos humanos, la interpretación conforme a tratados internacionales, ambos con 96.9 por ciento; el derecho humano a la educación, con 90, y el principio de progresividad, con 87.7 por ciento.