La discusión de las leyes necesarias para echar andar el sistema nacional anticorrupción se volvió a retrasar por desacuerdo entre las fuerzas políticas. El PAN propuso por la noche diferir para hoy la reunión de las comisiones dictaminadoras, luego de que el PRI propuso un adenda que deja a decisión de los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimoniales.

Mientras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y otros organismos cúpula presentaron una propuesta de modificación al dictamen, para flexibilizar las normas que deben cumplir.

Proponen una veintena de cambios al sistema anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Demandan que se elimine la disposición de que las empresas eviten la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.

Proponen a los legisladores que ello significa que en la práctica tendrían que indagar a cada candidato a ocupar un puesto en la empresa, lo que haría inviables los costos de contratación.

Objetan las sanciones previstas para empresarios que hayan incurrido en corrupción. Plantean que la suspensión de actividades, disolución o intervención de la persona moral respectiva se pueda dar siempre que se derive de un acto que cause un perjuicio a la hacienda pública y que la sanción se ejecute hasta que la resolución sea definida.

Por la mañana acudieron también en el Senado representantes de las organizaciones empresariales y sociales que impulsan la llamada ley 3 de 3, para exigir a los legisladores que se apruebe en sus términos, sobre todo después del mensaje de los ciudadanos en las urnas el pasado 5 de junio.

Las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos comenzaron sesionar a las 14:50 horas, pero 15 minutos después hicieron un receso, inconcluso al cierre de esta edición. Pasadas las 22:30, el PAN solicitó diferir la reunión para este martes. Antes los senadores se reunieron en privado con su dirigente, Ricardo Anaya, y algunos gobernadores en funciones o electos.

El coordinador perredista, Miguel Barbosa, alertó sobre la intención de PRI y PAN de aprobar una ley anticorrupción achicada.

Por la noche, PRI y PVEM propusieron un adenda al proyecto de dictamen, supuestamente consensuado con grupos ciudadanos. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se propone otra redacción al artículo 29, de que: las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales.