una semana de la derrota electoral del PRI-gobierno y las obvias declaraciones en torno a que se deben evaluar y cotejar los resultados con las acciones de gobierno, podemos entender que el resultado inmediato es la decisión de sembrar el miedo, criminalizando la protesta social para evitar a toda costa que cunda el ejemplo del descontento ciudadano expresado en las urnas.

Porque eso de evaluar y cotejar está bien aplicarlo al magisterio, pero que lo haga el gobierno y en ánimo democrático resulta fuera de la realidad. Justamente el pasado fin de semana se ofrecieron evidencias de que se busca incrementar la confrontación, intensificar los conflictos para luego justificar el uso de las llamadas fuerzas del orden. Ante la presencia de contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las puertas de la residencia de Los Pinos, luego de una marcha pacífica, se emitió un esclarecedor boletín: el gobierno de la República reitera su apertura al diálogo siempre y cuando se cumplan dos condiciones: el regreso de todas las escuelas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca a clases, y su aceptación de la reforma educativa, ya que nadie puede pretender estar por encima de la Constitución.

En síntesis, primero la rendición y luego el diálogo. Pero no quedan ahí las implicaciones de su contenido, habrá que entrar en el terreno jurídico: nadie puede pretender estar por encima de la Constitución, señalan y agrego: el gobierno tampoco. Cuando los maestros protestan están ejerciendo derechos constitucionales, la Constitución es mucho más amplia y compleja que sólo la mal llamada reforma educativa. La postura oficial supone que para dialogar con el magisterio antes deben jurar lealtad a una reforma que justamente ha motivado su descontento.

Ahora tenemos una ominosa y absurda innovación; en 1992 hubo protestas y se mantienen, contra la reforma al artículo 27 constitucional, en 2001 contra la que se dio en materia indígena contraviniendo los acuerdos de San Andrés, más recientemente contra la reforma en materia energética, y ya vendrán pronto las de las zonas económicas especiales. Resulta que con la lógica aplicada a la CNTE, primero habría que aceptar las reformas antes de protestar y luego dialogar y entonces, ¿ya para qué si las aceptaste?

Por otra parte, el derecho de huelga que implica en efecto paralización de labores y, por supuesto, costos es una conquista constitucional justamente para crear condiciones que propicien diálogo y negociación. El gobierno federal está pidiendo a los maestros no sólo que acepten la reforma educativa, sino que renuncien a todos sus derechos como ciudadanos y trabajadores. Al respecto, declaró el secretario de Gobernación, sí hay oportunidad de diálogo con la CNTE e incluso para analizar futuros cambios a la reforma educativa, siempre que no se busque confrontación ni se intente manipular el sentido de esta enmienda. Aceptando la reforma, podemos adecuarla, podemos construir escenarios. Subrayó que el gobierno federal está abierto al diálogo, para explicar los detalles de la reforma, siempre y cuando todos los mentores vuelvan a las aulas. (La Jornada,11/6/16). Habrá que insistir en que el Estado a la fecha no ha presentado una propuesta integral de reforma educativa, ni ha convocado a los maestros para su elaboración; por tanto, no se trata de explicar detalles, porque obviamente las muy cuestionadas evaluaciones que se están aplicando sólo a uno de los factores que intervienen en el proceso educativo no constituyen tal propuesta.

Horas después de tales declaraciones, fueron detenidos en acciones separadas dos dirigentes de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, el secretario general, Rubén Núñez Ginés, y el secretario de organización de la sección 22, Francisco Villalobos. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. Mientras la CNTE consideró que son presos políticos y exigió su inmediata liberación, la PGR señaló que al primero se le imputa haber lavado más de 24 millones de pesos procedentes de comisiones ilegales que recibió de empresas contratistas que prestaban diversos servicios a los miembros de la agrupación sindical; mientras el segundo participó en el robo, por demás inexplicable, de libros de texto propiedad de la SEP. En ambos casos se aclara que ya se contaba con las órdenes de aprehensión. Justamente es la histórica práctica frente a liderazgos independientes, el as bajo la manga que el Estado prepara para utilizar en el momento que considera apropiado. Está claro que al peñanietismo lo que le interesa es suprimir la protesta social, el asistencialismo genera cierta contención, pero sabe que hay muchos frentes movilizados y prefiere sembrar el miedo, antes que evaluar por resultados (su derrota electoral) y procesar los conflictos en lógica de gobernabilidad democrática.