l secretario de Go­ber­nación, Miguel Ángel Oso­rio Chong, cree que la administración del presidente Peña Nieto debe evaluar las derrotas del PRI del domingo 5 de junio y cotejar los resultados con las acciones de gobierno. Tiene entonces la hipótesis de que hay una relación entre esas acciones y el duro golpe electoral recibido en esa fecha por su partido.

La perspicacia del secretario parece aguda, pero no sabemos qué incluye él en esas acciones. ¿Las políticas públicas?, ¿las reformas llamadas estructurales? ¿Ambas?

Difícilmente puede estar pensando en las reformas estructurales, porque empresarios mexicanos las han aplaudido tanto como lo ha hecho una gran parte de los gobiernos desarrollados, la inmensa mayoría instalados en el neoliberalismo. Además, el presidente Peña no ha cesado, desde el principio de su gobierno, en alabarse y al mismo tiempo aplaudir a los partidos que fueron entonces sus comparsas, el PAN y el PRD.

Es altamente probable que el gobierno haya dejado o esté dejando fuera de su análisis una porción decisiva de las que han sido sus acciones, unas que probablemente tienen fuerte relación con el revés electoral que ha sufrido, y que augura un futuro más que incierto al partido que morirá cuando cuaje la ruptura populista que parece estar en vías de configuración.

El PRI y el gobierno no se plantean el asunto de su legitimidad. La legitimidad, se sabe, tiene dos momentos, uno inicial y brevísimo, que se crea con los resultados de las urnas. Al día siguiente del ascenso al poder la legitimidad depende de las acciones de gobierno.

Hasta el 5 de junio el gobierno ha vivido su periodo probablemente creyendo que el Pacto por México había acrecentado su legitimidad y que, por ende, lo mismo harían las acciones derivadas del mismo. He aquí que lo que apareció fue su desastre electoral. El pacto puede haber dejado, por breve lapso, expectante al conjunto de la sociedad; pero pronto la legitimidad derivada del pacto sólo alcanzaba a la derecha social y a los partidos políticos, excepción hecha de lo que sería Morena.

Una acción que ha producido el mayor impacto deslegitimador es la corrupción hoy inenarrable de los políticos y gobiernos federal y estatales del PRI (como los del PAN, y del PRD). A pesar de que la corrupción abarca a todos (Morena está naciendo), parece muy probable que, en el imaginario popular, toda la corrupción es atribuible al PRI. Es terriblemente ostentosa y ostensible y su dimensión parece lograr absorber la que corresponde a los otros dos partidos. Eso hace pensar al niño Anaya, dizque maravilla, y al PAN en su conjunto, que pueden apropiarse del que hoy parece ser el más fuerte instrumento en la búsqueda de los votos de 2018. Un decisivo eje de una campaña ganadora será la lucha definitiva contra la corrupción. Quien se apropie rotundamente de esa línea de política electoral, tendrá enormes ventajas. Por supuesto la atroz impunidad que vive este país es una sustancia componente principalísima de la ­corrupción.

El muy alto riesgo que vivirá México es que el PAN se apropie de ese valiosísimo instrumento. Para el PRI parece imposible. Las pasadas elecciones anunciaron el avance del PAN en tal sentido. Y Anaya no cesa de hablar del tema.

Apropiárselo significa que una mayoría del pueblo lo hace suyo también. En términos de Ernesto Laclau, se configuraría una ruptura populista si para la mayoría el repudio de la corrupción se vuelve una convicción equivalente a otras demandas sociales insatisfechas: la miseria inmisericorde, la desigualdad sin límites, la discriminación inmutable, la matazón y la inseguridad sin fin, la inexistencia de Estado en vastos territorios. La configuración de un bloque mayoritario de electores dueños de la convicción de que nada podrá resolverse en este país sin vaciar hasta el fondo el profundo pozo de la corrupción, podría llevar a la ruptura señalada.

Dice Laclau: La ruptura populista ocurre cuando tiene lugar una dicotomización del espacio social por la cual los actores se ven a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Implica la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cris­talización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder. Esto no anticipa nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. Esto es: la ruptura populista es un momento de la política. La configuración de un régimen a partir de un consenso creado por una ruptura populista puede traducirse en un conjunto de instituciones para gobernar desde la derecha.

Imagine este dibujo de pesadilla: con la bandera de la lucha contra la corrupción gana el PAN, con un alto consenso surgido de las urnas. Después viene la formación del gobierno. Conceda por un momento que tenemos un gobierno que de veras limpia las instituciones de la corrupción nauseabunda. ¡Bravo!, la corrupción ha sido vencida: por un gobierno adherido hasta el alma al Consenso de Washington, en grado priísta; un gobierno creyente del fracaso neoliberal.

Coincido con Laclau cuando escribe: El populismo ha sido considerado siempre como un pariente pobre de la teoría política. Categorías como clase o burguesía poseen la dignidad de principios explicativos de los procesos socio-históricos. “Al populismo se le ha atribuido siempre una significación peyorativa vinculada a una u otra forma de conciencia deformada… En ciencias sociales hay que desconfiar de aquellos conceptos en los que se entremezclan confusamente el análisis objetivo y la condenación ética.”