oblegar a la sección 22 oaxaqueña, y al movimiento magisterial disidente en general, tendría dos consecuencias inmediatas: dejaría el camino libre a los acechantes intereses empresariales que buscan entrar al negocio de la privatización educativa, y fortalecería las aspiraciones presidenciales del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer.

Esa doble carga, la empresarial y la electoral, deforma notablemente el discurso oficial que prefiere asignar sólo buenos propósitos a su plan de control administrativo del sistema educativo (al que, para fines de mercadotecnia, suele llamar ‘‘reforma educativa’’). Ha estado a la vista el apetito de grupos empresariales por el ‘‘pastel’’ de la educación pública, ahora empujada a lo privado. Potenciales inversionistas promueven la propaganda contra los profesores ‘‘malos’’ y apremian a que se den pasos para que los hombres de negocios puedan entrar a la salvación. Algunos de esos futuros beneficiarios de la ‘‘reforma educativa’’ tienen el control de los medios electrónicos de comunicación y desde allí disparan metralla de odio y descalificación contra los profesores miembros de la CNTE y sus formas de protesta.

A ese cuadro, distorsionado de origen, se suma el cálculo electoral que busca ahora convertir al virtual candidato presidencial adelantado, Andrés Manuel López Obrador, en un ‘‘peligro’’ para la educación, los niños y el país, a partir de que firmó alianzas electorales en varias entidades con segmentos regionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que ahora, pasados los comicios, ha anunciado que el próximo 26 encabezará un acto masivo de apoyo a esos profesores disidentes perseguidos, encarcelados algunos de sus líderes.

La jugada de envolvimiento tiene como antecedente el súbito giro a la derecha registrado (¿o autorizado: bipartidismo inducido?) el pasado domingo 5, cuando el Partido Acción Nacional se quedó sorpresivamente con siete de las 12 gubernaturas en competencia. La aterciopelada transferencia de una porción importante de los poderes regionales hacia un partido que la víspera parecía no estar tan enterado de la dimensión colosal que le habrían de reconocer, no impactó solamente el registro numérico o el anecdotario electoral. Fue una reconfiguración a la derecha explícita, con ánimo de convertirla en factor militante de la próxima sucesión presidencial.

Así resultaron fortalecidas las precandidaturas presidenciales de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del anterior ocupante de Los Pinos, y de Ricardo Anaya, el joven queretano que preside el comité nacional del partido conservador. Pero, sobre todo, quedó activada, con actitud victoriosa, ampliamente desplegada su capacidad de inducción del voto, la élite clerical mexicana que se adjudica gozosamente la derrota dominical del PRI al atribuirla a la movilización ‘‘de conciencias’’ que se impulsó desde el partido de las sotanas en oposición a la iniciativa de Peña Nieto para incluir en la Constitución los matrimonios entre personas del mismo sexo, posibilidad de enlace que la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene como criterio y autoriza en automático mediante trámites específicos de fácil resolución (es decir, siendo positiva la iniciativa de EPN, tampoco significó un parteaguas, sino una plausible propuesta de adecuación constitucional de una postura judicial en curso, aunque el alto clero aprovechó esa iniciativa de reformas para convertirla en pretexto bélico en vísperas electorales).

Inducir una mayor derechización de la sociedad mexicana conlleva tratar de reducir el espacio y el tamaño de la franja izquierdista o progresista. Ese proyecto va contra el ascenso de una peculiar fórmula de conservadurismo en el mando unipersonal (AMLO) pero apoyado por una corriente social e intelectual cargada a eso que llaman izquierda. De eso se trata: potenciar de golpe las posibilidades del panismo (propiciando la rehabilitación de las figuras de Zavala y Calderón, partícipes de un mismo proyecto en el sexenio anterior) e intentar el establecimiento de un bipartidismo derechista (Los Pinos está plenamente cargado a la derecha, en una versión de lucro económico grupal y de conservadurismo ideológico elemental, incluso con un secretario cercano al afecto panista, José Antonio Meade, como responsable de las políticas sociales, y un personaje de marcado corte autoritario y antipopular, como es Aurelio Nuño Mayer, en Educación Pública).

En ese contexto, hoy se busca descalificar a Andrés Manuel López Obrador por el apoyo que da al movimiento magisterial y por la defensa de los dirigentes encarcelados. El propio Aurelio Nuño descubre la intención electoral verdadera al criticar al presidente de un partido nacional (AMLO, de Morena) por emitir una opinión y organizar actos pacíficos en relación con un problema social evidente y desbordado. Signos autoritarios, en un plan electoral en curso.

En otro tema: el anhelo de cambio ha llevado a muchos votantes a optar por propuestas ruidosas, de rupturismo superficial, sin sustancia positiva verdadera y las cuales, en muchos casos, resultan meros artificios de simulación. No se habla solamente de Vicente Fox en 2000 sino, de otro ejemplar silvestre, el priísta por décadas, Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, convertido de la noche a la mañana en presunta encarnación justiciera ciudadana e ‘‘independiente’’. Ayer agregó el citado Rodríguez Calderón otra perla a su collar, al exhortar a padres de familia de Nuevo León a que informen a sus hijos sobre los riesgos de la obesidad y, además, que les hagan saber que ‘‘a las niñas gordas nadie las quiere’’. Deberá ofrecer disculpas el Chente regiomontano por esa declaración promotora de acoso escolar y burla social, pero habrá dejado una huella equívoca más (no es broma: declaró en campaña que su lectura favorita era el Libro Vaquero e intentó una defensa ‘‘seria’’ de los valores y contenidos de esos textos de ocasión).

Y, mientras la farándula legislativa se entretiene en el caso de la diputada sinaloense desaforada, ¡hasta mañana!

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