Las autoridades encargadas de realizar la consulta previa, libre e informada entre las comunidades indígenas mayas productoras de miel en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche, están generando un clima de confusión entre los pueblos al no apegarse a los estándares internacionales para llevar a cabo el procedimiento, ya que entregan información en la que destacan las presuntas bondades de dicho tipo de cultivo, denunciaron 23 organizaciones sociales, ambientalistas, no gubernamentales, defensoras de derechos humanos e investigadores de las universidades autónomas de Yucatán, Campeche y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Los agricultores –entre ellos de las comunidades menonitas de Las Flores, Nueva Trinidad y Santa Rosa– que firmaron un contrato con Monsanto para la siembra de transgénicos están difundiendo versiones de que la supresión del cultivo de soya modificada abarca únicamente la superficie que ocupan las comunidades que solicitaron y obtuvieron el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se llevara a cabo la consulta.

Ante la difusión de dichas versiones, Greenpeace México y la ONG Indignación presentaron, la semana pasada, una denuncia popular en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que evite la liberación de la semilla de soya transgénica, luego de que Monsanto manifestara su intención de comercializarla en el municipio de Campeche ante el inicio, el 15 de junio, del ciclo agrícola.

Ambas agrupaciones destacaron que Monsanto caería en desa-cato al contravenir las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15), en tanto no concluya la consulta a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo en que se cultiven organismos genéticamente modificados en su territorio.

Refirieron que en 2012, la empresa trasnacional solicitó permiso para plantar 253 mil 500 hectáreas en los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchen, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, pero está suspendido por orden de la SCJN. En su solicitud, Monsanto omitió mencionar explícitamente al municipio de Campeche, por lo que sembrar en él sería ilegal.

Destacaron que en caso de que la empresa insista en usar dicho municipio puede ser multada con hasta dos millones 190 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad. Si continúa con la intención de sembrar ese tipo de semilla en otros ocho municipios del estado, estará cometiendo desacato a una orden judicial.

Ante las presiones de los agricultores que tienen contratos con Monsanto y de la empresa, ambas agrupaciones exigieron a la Profepa realice labores de inspección, vigilancia y monitoreo en los citados municipios de Campeche y en caso de detectar semillas y cultivos de soya transgénica proceder a su decomiso y destrucción, como lo establecen las medidas de bioseguridad.

Jorge Fernández, abogado que apoya a las comunidades indígenas mayas, apuntó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria han cometido una serie de irregularidades en el desarrollo del procedimiento de la consulta a las comunidades indígenas. Se están saltando etapas, están generando desconcierto; hay presiones para acelerarla, dijo.

Los productores han advertido que con sembradíos genéticamente modificados se perderá un mercado que genera divisas por 147 millones de dólares y desaparecerá más de la mitad de las 20 plantas exportadoras; prevén asimismo que, de otorgarse los permisos, habrá una devastación de la selva, pues en 2012, cuando se inició este cultivo, un solo agricultor sembraba de 10 a 15 mil hectáreas. Los efectos de la destrucción se multiplicarán, consideraron.

Daño a la producción de miel

Otro de los daños que trajo consigo el cultivo de transgénicos, además del uso del glifosato, fue la baja en la producción de miel. Antes, con 20 colmenas se obtenían 300 kilogramos de miel, pero a partir de la siembra de la soya modificada se necesitan 100 colmenas para un kilogramo. Por este desfavorable efecto, los apicultores interpusieron un amparo.

Ante los cuestionamientos de algunos agricultores que tienen contratos con Monsanto, los integrantes de la Misión de Observación sostuvieron que su finalidad es velar y coadyuvar para que el proceso de consulta se realice con apego a los estándares internacionales.

Recomendaron que las convocatorias de las reuniones para la consulta se decidan previamente con las comunidades y se desarrollen los temas previstos con suficiente amplitud, con apego a los tiempos establecidos por ambas partes, y la información sobre la soya transgénica se proporcione en la fase informativa y no en la de acuerdos previos.