nte la acumulación de problemas, la administración Peña Nieto pretende bajar la cortina del diálogo y la negociación, para pertrecharse tras la legalidad y su instrumentación represiva. En ese esquema de política acerada (cuya representación gráfica podría ser una vara de bambú al estilo 10 de junio, un tolete o una lata de gas lacrimógeno) ha tocado a los profesores disidentes de la reforma privatizadora de la educación asistir a la restablecida cátedra ejemplarizante. Te lo digo a ti, maestro en lucha, para que lo escuchen todos quienes pretendan organizarse y luchar ante la agudización de conflictos múltiples.

El espíritu de Atenco está de vuelta, fortalecido cupularmente por la adhesión del partido de la derecha explícita (luego del reconocimiento de triunfos electorales en varios estados) al restablecimiento del orden, señuelo mediático que pretende convencer de que es justo y necesario atacar selectivamente a líderes y masivamente a movimientos adversos al poder (armando expedientes judiciales para ser sacados a conveniencia política), mientras el país se hunde en la violencia y la corrupción (permitidas, propiciadas y redituables para esas autoridades) que no tienen castigo, sino una impunidad evidente e irritante.

El sábado se lanzó la primera advertencia vespertina, al capturar a Francisco Villalobos Ricárdez, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, aunque en los hechos dicha sección sea parte fundamental de la coordinadora, la CNTE). A pesar de los claroscuros que se mantienen en el interior de la sección 22, con corrientes en permanente batalla por el control, asociándose y distanciándose de diversos personajes políticos, entre ellos los gobernadores o ex gobernadores de Oaxaca, los profesores entendieron claramente el mensaje que por lo demás era evidente: el gobierno federal comenzaría a aplicar la anunciada mano dura, haciendo valer las 26 órdenes de aprehensión que se había hecho saber desde el oficialismo que estaban disponibles para ejecución.

Luego de concentrarse en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Ieepo, en protesta por la captura de Villalobos, los miembros de la sección 22 fueron desalojados durante la noche por policías estatales y federales, ante lo cual se replegaron hacia el zócalo de la capital oaxaqueña, para instalar un plantón y barricadas, en remembranza no voluntaria, sino obligada, de lo que sucedió 10 años atrás, el 14 de junio de 2006, cuando otro golpe represivo (en este caso dado por Ulises Ruiz, entonces gobernador del estado, al pretender impedir plantones en el Centro Histórico) generó tal reacción gremial y social que devino en la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO, y en el inicio de un conflicto que llegó a tomar tintes insurrectos hasta que vino la máxima represión del 25 de noviembre, a unos días de los comicios en los que se impondría a otro panista en Los Pinos, Felipe Calderón, cuya esposa ahora pretende ser candidata presidencial justamente en un escenario apaciguado por la fuerza.

Entraba la madrugada del domingo cuando comenzó a hablarse de la detención del máximo dirigente formal de la 22, Rubén Núñez, secretario general. Había salido de una reunión de la CNTE en la capital del país, donde se insiste en que el gobierno federal instale una mesa de diálogo, e iba rumbo a un domicilio en la zona conurbada con el estado de México. Fue detenido por una docena de personas vestidas de civil. Con una premura inusitada, fue llevado por vía aérea a una cárcel de Hermosillo, Sonora, lejos de las protestas que su detención provoca. El abanico oscuro que le asignan es variado en temas. Incluso se le acusa de haber robado libros de alguna instalación de la Secretaría de Educación Pública.

Un subprocurador federal de justicia anunció que a Núñez y a otros dirigentes se les investiga y se les busca castigar por haber participado en un fraude de millones de pesos, al parecer en un sistema de venta o asignación obligatoria de productos a los sindicalizados, utilizando de alguna manera dinero de la sección, lo que configuraría blanqueo de dinero y otros delitos propios de la delincuencia organizada. Elba Esther Gordillo, mientras tanto, sigue en espera de pasar a reclusión domiciliaria, con su riqueza intocada, privilegios especiales para no estar en la prisión, sino en estancias especiales u hospitalarias y procesos judiciales que no le han podido comprobar las muchas andanzas económicas y financieras que realizó sin problema mientras fue útil al poder.

Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, con la natural participación de Miguel Ángel Osorio Chong, han decidido tensar la liga hasta donde sea necesario, para que reviente. La continuidad del proyecto de bipartidismo inducido, que fue estrenado el pasado domingo 5, requiere el aplastamiento de todo aquello que se oponga al libreto de las peleas arregladas sólo entre aliados. Los inocultables problemas económicos producirán más protesta y resistencia social conforme las consecuencias sean inaguantables para los habitantes del país saqueado. En las redes sociales se insiste en que hay un proceso de supresión de ciertos medicamentos y servicios en instalaciones de salud pública. La pretensión de restablecer el pago completo de la tenencia de automóviles, retirando el subsidio en 2017, para que así esos motorizados paguen una especie de impuesto verde contra la contaminación, aumentará el mal humor social (Kike dixit). Y así podrá ir creciendo un enojo que va más allá de lo electoral. Ante ello, mano dura, cero diálogo, tolete y gases lacrimógenos.

Y mientras el ataque mortal en Orlando pone de manifiesto la doble moral de muchos políticos e instituciones como la eclesiástica, consternados por ataques en el extranjero, mientras acá sostienen o incitan el rechazo y el odio contra la diversidad sexual, ¡hasta mañana!

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