El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso este jueves en marcha seis centros de justicia para el nuevo sistema penal, los últimos que estaban pendientes para delitos federales y que funcionarán en los estados de Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Guerrero.

Además, en sesión de pleno de la Judicatura, se resolvió que el archipiélago de las Islas Marías, donde se ubica un complejo penitenciario federal, tendrá una sala para audiencias orales remotas a cargo del Centro de Justicia Penal (CJP) de Nayarit.

Estos centros se suman a los 31 que ya operaban en 28 estados y la Ciudad de México, donde el nuevo sistema funciona para delitos federales desde 2014.

De su lado, el consejero Alfonso Pérez Daza, de la Judicatura Federal, informó que el Poder Judicial iniciará el próximo 18 de junio la implementación del nuevo sistema de justicia penal con la habilitación de 181 salas para oralidad en materia penal y con 118 jueces especializados en esa materia laborando en alguna sala de control o de juicio oral.

Al participar en la ceremonia de clausura del octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, Pérez Daza añadió que la mayoría de los Centros de Justicia Penal construidos en los tres años recientes se edificaron en terrenos donados por los gobierno estatales de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Coahuila, Baja California y estado de México.

Según información proporcionada por el CJF, en Tamaulipas y Baja California habrán CJP en las ciudades de Reynosa y Ciudad Victoria, Tijuana y Mexicali, mientras que en las otras entidades fueron instalados en Acapulco y en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Como ha sido el caso en el resto del país, cada CJP tendrá tres jueces especializados en el nuevo sistema, así como un magistrado de apelación. El costo del centro de Baja California está proyectado en 95 millones de pesos, y el de Guerrero en 52 millones, de acuerdo con un informe ejecutivo del CJF.

La obra en Jalisco está valuada en 129 millones de pesos, mientras que el informe no menciona el presupuesto asignado para los centros de Tamaulipas que funcionarán en inmuebles arrendados. Todos los delitos cometidos a partir del 18 de junio, sean federales o del fuero común, tendrán que ser considerados bajo el nuevo sistema.