s probable que el peor saldo ético, político y social de las elecciones del pasado domingo se haya registrado en Veracruz. Una sociedad profunda e incesantemente vejada por un gobernador de patología ejecutiva, Javier Duarte de Ochoa, acabó dando su esperanzado voto mayoritario (según los datos hasta ahora vigentes) a un ejemplar similar al rechazado, aunque envuelto en distinta etiqueta partidista.

Miguel Ángel Yunes Linares ha ofrecido en distintos momentos de su carrera política plenas muestras de comportamiento parecido al que en el discurso dice que combatirá, ya como gobernador (si las impugnaciones legales en su contra no avanzan). Truculento y represivo secretario de Gobierno con el mandatario con mucha frecuencia desatento a sus obligaciones, Patricio Chirinos; director de la fuente tradicional de enriquecimiento que ha sido el Issste, como operador y recaudador privado puesto por Elba Esther Gordillo en pago de servicios electorales fraudulentos a Felipe Calderón; legislador y funcionario en cargos siempre proclives a los densos asuntos de la seguridad pública.

La aberración jarocha pretende combatir el enriquecimiento y saqueo practicados por Duarte de Ochoa, y su camarilla, con la elección de alguien, Yunes Linares, que a su vez se ha enriquecido escandalosamente con base en su actividad política. Aberrante resulta también que el indefendible Duarte pronuncie discursos con líneas ciertamente aplicables a su adversario panista, aunque obviamente el gobernador priísta saliente no tiene la autoridad política y moral para sostenerlas. Dijo, por ejemplo, que Veracruz no merece ser escenario de peleas callejeras ni terreno para venganzas políticas por afrentas imaginarias (él, que convirtió a ese estado en escenario de asesinatos, levantones y delincuencia desbordada, por venganzas políticas o periodísticas, entre otras). Y, sin mencionar a Yunes Linares, advirtió que hay quienes tienen un pasado de corrupción y perversiones que tratan de ocultar tras un falso ridículo disfraz de vengador justiciero.

La pelea entre pesos pesados de la perversión y la corrupción cerró el paso a la mejor apuesta (¿la única con esas características?) de Morena para las elecciones de gobernador en 12 estados, el académico Cuitláhuac García, que tuvo un crecimiento electoral extraordinario y en los ajustes numéricos oficiales fue inserto en tercer lugar. Deplorable es que el hundimiento de tan vigoroso estado haya terminado con la presunta victoria del otro Yunes, no Héctor, el priísta, sino el panista de desalentador pasado. El hartazgo social contra los abusos de poder ha desembocado en otros estados en figuras de historial reprobable o polémico, pero en Veracruz llegó a niveles mayores, tal vez sólo comparables con lo que significa el retorno del PRI a la gubernatura de Oaxaca, todo en medio de impugnaciones sustentadas en las graves irregularidades cometidas en el curso de una accidentada jornada electoral.

Día tras día, en Facebook y en Twitter se difunden notificaciones de personas desaparecidas. Muchas de ellas son jóvenes y, en especial, mujeres. Como parte de ese proceso de ensimismamiento preventivo al que ha llevado a muchos mexicanos el salvajismo de los criminales organizados (los públicos y los privados, ente unitario de barbarie, a fin de cuentas), el desfile de rostros, datos y circunstancias de esas desapariciones se ha convertido en una especie de rutina aceptada de soslayo. Progresivamente se ha ido abatiendo, en lo general, la posibilidad de cuando menos escandalizarse ante esa dolorosa galería cotidiana. Todos los días hay secuestros, levantones (éstos, sin pretensión de pedir rescate) y desapariciones. A muy pocos les mueve a acción y solidaridad lo que a sus ojos está siendo documentado. A muchos les afecta sólo cuando se trata de alguien cercano o conocido.

Nada hace de fondo el Estado criminal ante estas desapariciones aparentemente inexplicables. Hay protocolos, mecanismos, fiscalías y otros placebos burocráticos, pero en lo sustancial sigue intocado e inatacable, pues los beneficios económicos de esas actividades delictivas suelen alcanzar a políticos y funcionarios, el negocio de la trata de personas, del tráfico de órganos humanos y de la leva varonil o la esclavitud sexual femenil para las tropas del narcotráfico y similares. En la zona metropolitana de Guadalajara se han multiplicado las desapariciones, sobre todo de mujeres e incluso en zonas transitadas y vigiladas, a plena luz del día. En Xalapa, reporta un lector, en tan sólo nueve días de junio han desaparecido de la ciudad 30 jóvenes; es terrible, y sobre todo ver cómo se las llevan por la fuerza (una amiga mía lo presenció y quedó traumada).

El clima de terror que se ha impuesto en el país, con policías y delincuentes convertidos en viables agresores mortales de cualquier ciudadano, ha exterminado también cualquier asomo de solidaridad social. Pretender la defensa o la ayuda al prójimo en problemas violentos puede ser garantía de un brutal saldo adverso, así que, en distintos casos que a esta columna han relatado, los ciudadanos que ven desarrollarse los ataques prefieren apurar el paso o voltear disimuladamente, temerosos de que a ellos también les toque alguna desgracia. ¿Quién, en este país de desastre, responde y atiende de verdad estos casos? ¿Dónde están los mexicanos, en especial jóvenes y mujeres, que desaparecen (y no se habla necesariamente del caso extremo de los 43 normalistas) sin que haya Estado, gobierno ni sociedad que los reclamen, que se agoten en su búsqueda, que los encuentren y eviten la repetición de esta tragedia masiva y cotidiana?

Y, mientras sube de tono e intensidad en Guerrero y en Chiapas la protesta magisterial y popular contra la reforma administrativa y laboral de la SEP, ¡hasta el próximo lunes, con el ganador en Quintana Roo, Carlos Joaquín (priísta hasta el momento en que no lo hicieron candidato a gobernador; fue subsecretario de turismo con EPN) advirtiendo que no se afiliará al PAN, pues será independiente!

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