Una semana antes de las elecciones, los jerarcas de la Iglesia católica arreciaron sus críticas a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio homoparental y su derecho a la adopción. El día de las elecciones, la Arquidiócesis Primada de México, en el editorial del semanario Desde la Fe, expuso que las consecuencias por las reformas al Código Civil Federal ‘‘serán gravísimas’’.

La Arquidiócesis aseguró que la propuesta presidencial ‘‘no goza de la mayor simpatía y aprobación de la opinión pública’’, sobre todo en lo referente a la adopción de menores de edad por personas homosexuales.

Antes de que concluyera el mes de mayo, la Comisión Episcopal para la Familia, Juventud, Adolescentes, Laicos y Vida, presidida por el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, destacó que a la Iglesia le corresponde custodiar el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia; asimismo, pidió a los feligreses ‘‘ser firmes y exigentes en el respeto a la visión cristiana católica sobre la familia.

También apeló a la responsabilidad de los laicos para que ‘‘los creyentes, que también son ciudadanos, sean tomados en cuenta en el diseño de las políticas públicas, especialmente en (los temas) del matrimonio y la familia. No pueden seguir contemplando la decadencia de una sociedad sin rumbo, (tienen que promover) una cultura que refleje en las leyes el respeto a la visión y cultura de la nación’’.

Objeción de conciencia

El obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, exigió al gobierno promover y respetar el derecho de objeción de conciencia, a la que definió como ‘‘el deber de obedecer a Dios y no a los hombres desorientados’’.

A su vez, el obispo de Morelia, cardenal Alberto Suárez Inda, apuntó que el respeto a las diferencias es el principio de una convivencia civilizada, pero no es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer con posibilidad de procrear hijos, que la unión o pacto de convivencia entre dos personas del mismo sexo. ‘‘No se trata de negar la dignidad ni los derechos de persona alguna, solamente hay que llamar por su nombre a dos realidades diversas’’, expuso en su escrito titulado En defensa del matrimonio.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, sostuvo que había legisladores que estaban minando la familia en sus bases.

También se conformó el Frente Nacional por la Familia, con ‘‘más de mil instituciones de la sociedad civil organizada’’ y con presencia en 27 estados, de acuerdo con sus convocantes.

En su presentación advirtieron que ‘‘ante el escenario que atenta contra la familia y la sociedad’’ sumaban esfuerzos ‘‘para realizar acciones contundentes y generar un altísimo costo político al PRI’’. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 84 por ciento de la población es católica, en el país hay 170 obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano y 12 mil 500 sacerdotes que atienden 6 mil 750 parroquias.