un año de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en esta ciudad, en el contexto de una serie de actos de represión y violencia alrededor de la jornada electoral de junio de 2015, la investigación por la ejecución del estudiante Antonio Vivar Díaz, el uso excesivo de la fuerza por elementos de la Policía Federal y castrenses, y los tratos crueles e inhumanos denunciados, no ha tenido ningún avance; por el contrario, las autoridades responsables han apostado por el olvido y la impunidad.

En este contexto, la familia de Antonio Vivar, colectivos estudiantiles, sociedad civil organizada y no organizada, se manifestaron el martes en Tlapa, Guerrero, en exigencia de justicia para la familia de Antonio Vivar, una investigación diligente de los hechos y garantías de seguridad para la población y para aquellas personas que fueron víctimas de la represión en distintas jornadas, de tratos crueles e inhumanos y de detenciones arbitrarias.

Cabe recordar que los hechos del 7 de junio de 2015 se dieron en un contexto de polarización ante meses de falta de diálogo entre autoridades federales y grupos sociales que reclamaban cambios sustantivos para el estado de Guerrero con motivo del proceso electoral. Ante esto, entre el primero y el 7 de junio se documentaron diversos hechos violentos perpetrados por grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, en aquiescencia con actores estatales; de represión por parte de distintas corporaciones de seguridad y violatorios de derechos humanos, en los que participaron elementos de las policías estatal y Federal, e incluso de las fuerzas armadas, quienes habían sido desplegados en la región con el objetivo de resguardar los comicios.

La violencia alcanzó su momento cúspide el 7 de junio de 2015, cuando se documentó la detención arbitraria de al menos ocho personas –incluyendo un menor de edad–, así como tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza contra la población en general por parte de elementos de la Policía Federal y del Ejército y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, un joven estudiante de origen tu’un savi que era activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

En ese contexto, a un año de los hechos, Tlachinollan denunció el desdén de las autoridades federales y su decisión de negar a las víctimas una investigación diligente y eficaz. Ejemplo de ello es que, aun cuando los hechos fueron denunciados debidamente por la familia del joven tu’un savi, que existen registros de medios de comunicación sobre los hechos represivos y la brutalidad con que se actuó, e incluso se inició una queja por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al día de hoy no existen avances en la investigación sobre ninguno de éstos.

Por el contrario, la averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) –radicada con el número PGR/GRO/CHI/I/1046/2015, en la que se acumulara el expediente MOR/SC/05/365/2015 del fuero común con el que se inició la investigación del asesinato de Antonio Vivar– da cuenta de que está encaminada a investigar la quema de una camioneta del Instituto Nacional Electoral, los supuestos hechos por los que se detuvo arbitrariamente a ocho personas –detenciones sobre las que no hay registro en esta indagatoria– y se allanaron ilegalmente casas e instituciones, pero no el asesinato de Antonio Vivar.

De igual forma, los interrogatorios a las personas que tuvieron el valor de denunciar los hechos de represión se desviaron por parte de la PGR a la retención de las autoridades y a la quema de unidades oficiales, sin que se hicieran diligencias mínimas que buscaran definir si hubo uso excesivo de fuerza de las instituciones de seguridad; ante esto, cabe resaltar que tomó más de un mes a la PGR hacer la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, la cual se llevó a cabo el 16 de julio de 2015.

No obstante, a poco menos de nueve meses de los hechos, la PGR determinó enviar a reserva la investigación del asesinato, argumentando que no existían elementos en ese momento para continuar integrándola y por ende era factible enviar la averiguación previa al archivo temporal. Para Tlachinollan, dicha determinación no cuenta con sustento y es una prueba de que la PGR se niega a investigar la participación de la Policía Federal y de elementos castrenses en los hechos, ya que existe un examen de balística que recoge indicios de 13 cartuchos pertenecientes a armas de uso exclusivo del Ejército en el lugar de los hechos. Sin embargo, esta línea de investigación no ha sido agotada.

Por otro lado, la PGR violentó los derechos de las víctimas de la familia del joven Vivar Díaz, ya que nunca les notificó del envío a la reserva de la misma; no fue sino hasta que su representación, a cargo de Tlachinollan, denunció lo propio ante el Ministerio Público que fueron informados que la decisión se debió a que los familiares no habían aportado pruebas necesarias e idóneas a la investigación, cargando el peso de la prueba a las víctimas y extrapolando a carácter de obligación su derecho a coadyuvar en el proceso.

Fue sólo hasta que se logró abrir un canal de interlocución con la institución encargada de procurar justicia en el país y que se presentaron nuevas pruebas por parte de la coadyuvancia que la investigación fue sacada de reserva, sin que esto presente una garantía para los familiares de Antonio Vivar sobre que ésta se llevará a cabo diligentemente y se garantizarán sus derechos.

En este contexto, para Tlachinollan el trabajo del ombudsman se vuelve clave; por ello, se apremia a la CNDH a que a la brevedad culmine con la integración de la queja por los hechos del 7 de junio de 2015 y valore el contexto en el que se dieron para emitir una recomendación por las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron, identificando las instituciones federales y estatales que participaron en las mismas. De igual forma, la CNDH debe recuperar en su recomendación la ilegalidad que implica el uso de las fuerzas armadas en operaciones de disuasión de manifestaciones y en operativos exclusivos de fuerzas de seguridad, especialmente dado el historial del uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal en la represión a diversas expresiones y manifestaciones sociales en el estado de Guerrero.

* Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan