Buenos Aires.

La justicia argentina analizará las declaraciones patrimoniales del presidente Mauricio Macri como parte de la investigación que inició al descubrirse que estaba vinculado con los papeles de Panamá. El fiscal Federico Delgado solicitó este miércoles al juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, la comparación de los reportes entregados por Macri de 2013 a 2015 en la Oficina Anticorrupción para saber si hubo contradicciones o mentiras.

En tanto, el Parlamento Europeo avaló la creación de una comisión que investigará el escándalo revelado por los papeles de Panamá, que expusieron al público el recurso masivo de empresas a los denominados paraísos fiscales, jurisdicciones fiscalmente opacas.

En el caso argentino, Macri entregó dichos documentos anuales, ya que era un requisito que debía cumplir como jefe de Gobierno de Buenos Aires, cargo que ocupó desde 2007, y después, el año pasado, como candidato a presidente.

En su solicitud, Delgado explicó que se debe saber si en las declaraciones juradas de Macri hay contradicciones, si esas contradicciones son falsas o meros errores, si están ancladas en la dificultad de articular los formularios a nivel local y federal.

Agregó que una vez que se analicen los informes, se valuarán inmuebles, porcentaje y valor de acciones y bienes en el exterior que sean propiedad del presidente.

Los papeles de Panamá es la investigación global sobre los clientes de la firma panameña Mossack Fonseca impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló en marzo que el presidente argentino encabezaba el directorio de Fleg Trading Ltd y Kagemusha, dos sociedades offshore.

El problema para Macri es que nunca reportó esos datos en sus declaraciones patrimoniales, por lo que la justicia inició una investigación en su contra para determinar si omitió maliciosamente el reconocimiento de esas compañías.

Desde que estalló el escándalo, Macri se justificó con el argumento de que sólo fue designado director y no accionista ni propietario de Fleg Trading, y que no obtuvo ingreso alguno porque la firma jamás operó, lo que ya fue desmentido por diversas investigaciones periodísticas en el país sudamericano.

El presidente ha entrado, además, en un laberinto de contradicciones, porque después de asegurar que Fleg Trading no había tenido operaciones financieras, después dijo que no sabía si las había tenido o no.

También afirmó, en un principio, que no tenía cuentas en guaridas fiscales, pero hace dos semanas, al presentar su primera declaración como presidente, reconoció que tenía una cuenta por 18 millones de pesos (alrededor de 1.2 millones de dólares) en Bahamas.

Hasta ahora, el presidente nada ha dicho sobre la otra empresa, Kagemusha, aunque el argumento ante el juez y el fiscal que lo investigan es que eran firmas propiedad de su padre, no de él.

El juez Casanello, en tanto, sigue avanzando con la investigación y además de pedir datos sobre otras seis empresas, solicitó a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada de bienes que Macri presentó el año pasado.

También tramitó informes de reportes de operaciones sospechosas del presidente ante la Unidad de Información Financiera, organismo que deberá revisar los datos provenientes de Panamá, Inglaterra, Bahamas, Uruguay y Brasil sobre las dos firmas en las que Macri apareció como director.

En el Parlamento Europeo, una amplia mayoría de los eurodiputados reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia) se pronunció en favor de crear esta comisión.