La protección de la salud no está garantizada en México, porque además de medicinas y hospitales hace falta cubrir necesidades básicas como acceso al agua. El problema es que en el país, sólo 6 por ciento de los acuíferos superficiales están libres de contaminación y hay poblaciones enteras expuestas a sustancias tóxicas, ya que no hay una ley que las regule para evitar el contacto con las personas.

Eso ocurre en el río Santiago, en Jalisco, donde un niño de ocho años murió hace algunos años por intoxicación con arsénico. Esta es apenas una parte de la problemática que impide asegurar que las personas estén libres de enfermedad y gocen de bienestar físico, mental y social, advirtieron investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que participaron en el segundo y último día del Simposio de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

En el foro, organizado con motivo del 20 aniversario del organismo, el abogado constitucionalista Diego Valadés dio una conferencia magistral. Recordó que en los años 80 participó en el diseño de la reforma a la carta magna, en la que se plasmó el derecho a la protección de la salud. Así el Estado está obligado a realizar las acciones para la preservación de la salud y su atención en la medida que los recursos lo permitan.

Lo mismo ocurrió cuando se creó la Conamed como una instancia en la que los pacientes pudieran hacer valer sus derechos sin caer en excesos que inhibieran la práctica médica y tampoco se provocara la elevación de los costos en la prestación de los servicios, indicó.

El problema ahora es que la Constitución, reconocida como la segunda más extensa del mundo, sólo después de India, se ha vuelto compleja y muchos de sus preceptos no se cumplen. El texto garantiza los derechos humanos, pero estamos ante una crisis humanitaria con más de 27 mil desaparecidos y miles de muertos por causa de la violencia.

También plantea el derecho a la alimentación, pero la realidad es que la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza e incluso, de indigencia. Valadés propuso la creación de un consejo mexicano de desarrollo social, para terminar con estas divergencias entre la norma y la realidad que se vive en el país.

En una mesa de discusión posterior, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, resaltó que la protección de la salud será posible cuando se resuelvan temas incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible, como el fin de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, el acceso a agua limpia y saneamiento, entre otros, porque las medicinas y hospitales no son suficientes.

En torno a esos determinantes sociales, Rodrigo Gutiérrez, del IIJ, se refirió al caso del agua, cuya sobrexplotación en la minería y las nuevas disposiciones que permiten la fractura del suelo con agua para extraer gas natural pone en riesgo la disponibilidad del líquido en el futuro.

Además, está la contaminación de ríos y mantos freáticos, debido a que se privilegia el aspecto económico y no se toma en cuenta el costo social y para la salud de las personas, sostuvo.

La investigadora Carmen Carmona, también del IIJ, señaló que la inversión del país en protección ambiental representa uno por ciento del producto interno bruto, cuando se requiere, al menos el equivalente a 6 por ciento, sobre todo a partir de los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, respecto a que 24 por ciento de la carga de enfermedad y 23 por ciento de las muertes se deben a factores ambientales.