El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, respondió a las críticas hechas por organizaciones civiles en contra de la actuación de los juzgadores, al señalar que es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto.

Al participar en el octavo Foro sobre Seguridad y Justicia, Aguilar Morales dejó en claro que las resoluciones judiciales se basan en reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder.

Por supuesto que los jueces no son infalibles; cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con todo rigor, pero, afortunadamente, son pocos los casos, por lo que todos no se merecen una descalificación generalizada, dijo, y agregó que durante su gestión tres magistrados y tres jueces federales han sido destituidos de sus cargos.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios del gabinete de seguridad y representantes de organizaciones civiles, Aguilar Morales aseguró que si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción, por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones ni pruebas fundadas, en nada contribuirá a la legitimidad de los juzgadores, quienes constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena, que soporta lo que ustedes mismos, destacados representantes de los diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer realidad un nuevo sistema de justicia penal.

Momentos antes, Alejandro Martí, presidente de la asociación México SOS, dijo que es respetuoso del debido proceso, pero no podemos permitir que, por error, por ignorancia, por corrupción o mala formación, policías, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y magistrados tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.

Martí cuestionó a los jueces que interpretan a modo la ley y, prefiriendo la justicia académica e ignorando pruebas indubitables en algunos casos, descuidan la verdadera justicia.

El ministro presidente de la Suprema Corte agregó que “el debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto; es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país.

Por otra parte, al tocar el tema del nuevo sistema acusatorio, destacó que el Poder Judicial Federal está preparado con los recursos materiales y humanos necesarios para implementarlo.

Respecto de las expectativas que hay sobre la implementación del nuevo modelo, Aguilar Morales apuntó que hasta la fecha los procesos llevados a cabo por delitos de delincuencia organizada no se han judicializado, ya que sólo hay tres asuntos (en Guanajuato, la Ciudad de México y el estado de México), de las más de cuatro mil causas que ya conocen los jueces especializados, lo que impide hacer cualquier evaluación de cómo se está reacionando el nuevo sistema con los delitos considerados de alto impacto.

México exige y merece una justicia penal madura, protectora, pero no solapadora; la sanción que se imponga a quienes agravien a la sociedad, debe tener el objetivo de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, concluyó.