La intensidad y los patrones de la violencia cometida desde diciembre de 2006 –fecha en que se instrumentó la nueva estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado– constituyen pruebas fehacientes de que los miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por actores gubernamentales federales e integrantes del cártel de Los Zetas son crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo al informe Atrocidades Innegables, elaborado por la organización Open Society Justice Initiative, la situación en México satisface plenamente la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la misma Corte y otros tribunales internacionales.

El documento de 232 páginasseñala que las fuerzas federales han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón en el comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar.

Destaca que pese a la escasa o nula fiabilidad de las cifras oficiales sobre los delitos y la justicia en México, así como por el sesgo hacia la infraestimación de la magnitud y gravedad de las atrocidades cometidas, resultan indudables las dimensiones de la crisis que vive el país hace diez años.

Desde diciembre de 2006 a finales de 2015, más de 150 mil personas han sido asesinadas en el país. La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurre excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza.

A este saldo se suman decenas de miles de desapariciones sin resolver, cientos de fosas clandestinas en múltiples entidades del país y más de 600 mil secuestros, cifra que aunque es muy elevada no incluye los miles casos de migrantes que cruzan el territorio nacional rumbo a Estados Unidos que son víctimas del rapto, robo y extorsión, tanto de policías como del crimen organizado. Todo, en medio de una enorme impunidad.

El informe, elaborado en colaboración con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos, señala que establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces.