a reivindicación apresurada de triunfos por parte de la mayor parte de los partidos y aspirantes a gubernaturas tras el cierre de las casillas el pasado domingo generó confusión y descrédito en la ciudadanía y fue criticada por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello. No debe omitirse, sin embargo, que fue el mal desempeño de las autoridades electorales el que creó un espacio propicio para la rebatinga de declaraciones entre institutos políticos y candidatos: por increíble que parezca –dado el desmesurado presupuesto del organismo electoral– el sistema se cayó en varias ocasiones y los programas de resultados electorales preliminares (preps) de diversas entidades operaron con lentitud inexplicable, interrupciones insólitas y otros comportamientos erráticos que alimentaron múltiples sospechas. Por lo demás, en el curso de la jornada electoral menudearon las irregularidades de toda suerte y, una vez más, los encargados de organizar y supervisar los comicios fueron incapaces de observar adecuadamente, poner orden y controlar de manera efectiva las muchas trampas documentadas.

La normalización de la opacidad, los fallos técnicos y el desaseo en los comicios nacionales es un dato por demás desalentador y exasperante que contrasta con la autocomplacencia de las autoridades electorales federales y estatales, las cuales se felicitan elección tras elección por jornadas ejemplares y blancas que en realidad están plagadas de actos de acarreo, compra y coacción de votos y hasta agresiones contra candidatos, funcionarios, militantes partidistas y ciudadanos, por no mencionar las guerras de lodo y la programada difusión de rumores para confundir al electorado. Para colmo, los comicios del domingo estuvieron precedidos en Veracruz por la difusión, mediante mensajes de celular y WhatsApp, de amenazas e intimidaciones masivas a los votantes. Lo cierto es que las instituciones oficiales –el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)– no dan muestras de voluntad y capacidad para impedir o sancionar tales prácticas y éstas parecen destinadas a permanecer, en su gran mayoría y como ha ocurrido siempre, en total impunidad.

Con ese telón de fondo ha de destacarse la caída experimentada por el partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional, el cual, según los resultados conocidos hasta ahora (aún provisionales), perdería siete de las 12 gubernaturas en juego, mientras Acción Nacional (PAN) repuntó solo o en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se beneficiaría de las derrotas priístas. Pero si el blanquiazul se recupera –más por el desgaste del PRI gobernante que por méritos propios– de la catástrofe que experimentó en 2012, cuando pasó de detentar la Presidencia de la República a ocupar el tercer lugar en votos, el sol azteca prosigue su declive, ratifica su derrota de 2015 en la capital del país, que hasta 2012 fue su principal bastión, y no es capaz de ganar en solitario ninguna posición de relevancia.

Otro aspecto a resaltar de los comicios del 5 de junio es el avance del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en distintas entidades. Si bien es cierto que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador no habría ganado ninguna de las gubernaturas en juego, logró en cambio colocarse como segunda o tercera fuerza política en varios estados, un dato por demás relevante si se considera que es el único instituto político que acudió en solitario –es decir, sin aliarse con otros partidos registrados– a las 12 elecciones que tuvieron lugar.

Tales fenómenos deben tomarse en cuenta para prefigurar los posibles escenarios en la elección presidencial programada para 2018, la cual se encuentra ya a sólo dos años de distancia, lo que en tiempos políticos significa que está, por así decirlo, a la vuelta de la esquina.