Brasilia.

El fiscal general de Brasil encontró evidencia que vincula a Henrique Eduardo Alves, ministro de Turismo del presidente interino Michel Temer, con la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó este lunes el diario Folha de Sao Paulo.

El fiscal general Rodrigo Janot consideró unos mensajes telefónicos interceptados para pedir al Supremo Tribunal Federal que lleve a cabo una investigación formal al ministro, reportó Folha.

En extractos de los mensajes que fueron publicados se escucha presuntamente a Alves ofreciendo apoyo político a la constructora OAS Engenharia a cambio de donaciones de campañas políticas financiadas con el dinero tomado ilegalmente de Petrobras. Alves, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), postuló para el cargo de gobernador del estado de Río Grande del Norte en 2014.

Alves es el tercer ministro en el gabinete de Temer que es relacionado con la corrupción en Petrobras desde que su gobierno provisional asumió el poder el 12 de mayo pasado, cuando fue suspendida la presidenta Dilma Rousseff, acusada de violación a las normas presupuestarias.

El ministro de Planificación Romero Jucá, figura clave en la aprobación de medidas de austeridad en el Congreso, y del ministro a cargo de la lucha contra la corrupción, Fabiano Silveira, se vieron obligados a renunciar después de la filtración de grabaciones que sugieren que trataron de frenar la investigación en Petrobras.

Por lo pronto, la Comisión Especial del Senado que lleva el juicio político contra Rousseff decidió mantener para el 20 de agosto la votación final que definirá el futuro de la mandataria, informó el portal de noticias UOL.

El cronograma considera 15 días para los alegatos finales de la acusación y otros 15 para la defensa. Una versión sobre un adelanto de 20 días de la votación final circuló la semana pasada después de que la senadora Simone Tebet, correligionaria de Temer (PMDB), interpuso un recurso para que el plazo de los alegatos fuera reducido a cinco días para cada una de las partes.

El ex titular de la Defensoría General José Eduardo Cardozo, defendió que el proceso contra la presidenta tuviera los mismos criterios que los del juicio político contra el ex mandatario Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando se dieron 15 días a cada una de las partes para presentar sus alegatos finales.