La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) aseguró que, en promedio, durante los primeros cuatro meses del presente año, 10 personas desaparecieron al día en México.

Asevera que los más de 27 mil desaparecidos desde 2007 al presente año –49 por ciento durante la actual administración– constituyen una cifra alarmante, lo mismo que el país carezca de un marco legal apropiado para investigar estos hechos.

En un análisis del Wola, Maureen Meyer y Ximena Suárez plantean que el gobierno mexicano debe aumentar esfuerzos para responder a esta tragedia humana, así como combatir la impunidad y la indiferencia que ha caracterizado las acciones gubernamentales en materia de desaparición por demasiado tiempo.

Afirman que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida a manos de la policía municipal en septiembre de 2014, sólo confirmó lo que familias y víctimas han denunciado por años: en México, autoridades policiacas y judiciales obstaculizan investigaciones y obstruyen esfuerzos de búsqueda y localización.

Resaltan que organizaciones de derechos humanos que documentan casos y trabajan con las familias consideran que en el país el número de víctimas es mucho más alto, porque el registro oficial no incluye entre 63 y 98 por ciento de los casos que han documentado.

Además de que, aseveran Meyer y Suárez, los instrumentos legales para investigar no han sido efectivos para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, ni para asegurar justicia y reparaciones a las víctimas.

Cuestionaron que la unidad de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas cuente con 29 agentes del ministerio público y 58 investigadores para trabajar más de mil casos, así como que su presupuesto para el actual ejercicio sea 34 por ciento menor al que recibió en 2014.

Wola deplora la falta de voluntad de los legisladores mexicanos para aprobar una ley efectiva de desapariciones. Tiene consecuencias graves para las víctimas y priva a las familias de un marco legal que pueda ayudarlas a encontrarlas, afirmó.

Mientras el Congreso no apruebe la Ley General de Desapariciones y establezca un sistema integral para búsqueda, las familias enfrentarán una situación similar a la que prevaleció con los 43 estudiantes de Ayotzinapa: un sistema de justicia incapaz de llevar a cabo uno integral de investigación y búsqueda, y sin capacidad o voluntad para sancionar a los perpetradores, subraya.