os ganadores de los próximos comicios estatales ya están a la vista: guerra propagandística sucia, mayor influencia del Crimen Organizado (CO), fraudulencia sembrada y cinismo cupular generalizado. En términos generales, la conformación de las próximas gubernaturas en 12 estados, y de congresos y presidencias municipales en 13 (contando a Baja California y sin incluir la constituyente de la Ciudad de México), obedecerán a la combinación de esos y otros factores deslegitimadores, en diversos formatos partidistas y con algunos matices regionales. El trastornado trayecto político que ha sido visible en estas semanas de campañas más llenas de vicios que nunca es un anuncio pleno y contundente de lo que puede esperarse en 2018.

La engañifa electoral en curso pretende deslumbrar con presuntas posibilidades de alternancias partidistas y con aparatosas confrontaciones entre algunos candidatos, sobre todo a gubernaturas. Pero, salvo en Veracruz, donde una pragmática y extraña combinación de intereses contra el yunismo panista ha potenciado la viabilidad de un candidato de Morena, Cuitláhuac García, que no proviene de la clase política tradicional, y en Chihuahua, donde el perfil político de Javier Corral lo coloca más allá del deficitario cartabón panista, en el resto de las entidades los candidatos considerados como finalistas no representan ninguna posibilidad real de cambio y mejoría, convertidos en su mayoría en meros instrumentos de grupos políticos y económicos que pretenden mantener sus hegemonías, excluyendo si acaso a adversarios internos, pero a fin de cuentas plenamente enfilados a ejercer el poder al estilo tradicional, favoreciendo a las élites.

Ya las alternancias de siglas realizadas seis años atrás en Sinaloa, Oaxaca y Puebla confirmaron con Mario López Valdez (Malova), Gabino Cué y Rafael Moreno Valle que nada cambia de verdad, y que los vicios y distorsiones de la política se mantienen e incluso empeoran. Aún así, este año PAN y PRD insistieron en esa política de alianzas. Gane el PRI o ganen estas alianzas, lo cierto es que los abanderados de ahora provienen en buena parte de las mismas filas priístas, escisiones por pleitos internos luego adoptadas por la oposición como propias (un caso ejemplar, Quintana Roo, con Carlos Joaquín, priísta de esencia y compromisos hasta familiares, abanderado ahora como opción por panistas y perredistas).

El exceso de dinero circulante, la utilización abierta de incentivos para votar (camiones y bodegas de despensas para reparto, por ejemplo) y la densa presencia del factor del CO, que no necesita manifestarse escandalosamente para hacerse sentir, está determinando que en varias entidades, como Durango, Sinaloa, Hidalgo y Chihuahua, los resultados dominicales parezcan predeterminados hacia el PRI. Aparte están Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz, donde diversos factores han propiciado una pelea cerrada. En Veracruz se verá si la marrullería histórica del priísmo capitaliza su estrategia de propiciar votación en tercios y logra mantener esa plaza demográficamente estratégica y casi imposible de ceder a revisiones contables de un gobierno opositor. En Tamaulipas el pleito es entre cárteles, y el priísta tiene el poder. En Zacatecas no es Morena, sino los Monreal pluripartidistas, con un PRI nada dispuesto a cederles el paso. Y en Oaxaca es el cacicazgo muratista contra Cué y Diódoro Carrasco, éste con el precandidato presidencial poblano Moreno Valle. Tlaxcala podría ser para el PRD y en especial para su dirigente, Agustín Basave. Puebla apunta para la consolidación morenovallista, Aguascalientes puede ser moneda de ajuste entre priístas y panistas, y de Quintana Roo ya se dijo que gane quien gane lo será el PRI.

De entre el mar de incongruencias, aberraciones y exabruptos en que se han desarrollado las campañas, ha logrado sobresalir Felipe Calderón Hinojosa, al aprovechar cierres de campaña para hacerse presente, pronunciar discursos, arremeter contra adversarios, promover a su esposa como aspirante al 2018 e intentar ciertas exculpaciones personales. En Veracruz, sin embargo, fue más allá de las intemperancias propias de los templetes y el proselitismo. Denunció (pero sólo discursivamente) que en 2011 el gobierno de Javier Duarte de Ochoa retiró de una cuenta bancaria partidas presupuestales que suman alrededor de 3 mil millones de pesos… en efectivo (originalmente habló de 3 mil 400 mdp, pero luego hubo corrección). El dinero era sacado apenas al día siguiente de que había llegado a las cuentas oficiales.

Fueron 2 mil 993 millones de pesos y, hasta diciembre de 2011 (ya con Enrique Peña Nieto como candidato presidencial, postulado en noviembre de ese año y por iniciar su campaña electoral en enero de 2012), se realizaron sistemáticos retiros en efectivo de una sucursal del banco Santander, en Xalapa. Dice Calderón Hinojosa que hubo una investigación de la PGR, Hacienda y el SAT, pero se mantuvo el criterio judicial de que el estado (de Veracruz) tiene el derecho de hacerlo, que es su dinero y que hasta ahí. Calderón, el enérgico, el flamígero, el denunciante de cierre de campaña, no hizo más. Dejó que Duarte de Ochoa siguiera adelante (aunque se descubrió aquel envío de 25 millones de pesos en efectivo de Xalapa a Toluca, en un vuelo privado) y hasta estos días, para favorecer a Miguel Ángel Yunes Linares, reveló tales datos. En 2012, comentó, ya un presidente no tiene tanto poder y ya no se pudieron castigar esos indicios de saqueo al pueblo veracruzano.

Y, mientras Felipe Calderón ha anunciado en Aguascalientes que de ganar su esposa las próximas elecciones presidenciales él asumirá la dirección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sin saberse si es una imposición o una decisión compartida con la cónyuge, ¡hasta mañana, con la reprobable acción en Chiapas contra profesores que fueron vejados por apoyar la reforma laboral peñista, en un golpe de imagen que ha sido inmediatamente capitalizado para desacreditar a la resistencia magisterial!

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