n un gesto de insólito intervencionismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó ayer la Carta Democrática, firmada en 2001 por los países integrantes de ese organismo, para convocar a su Consejo Permanente a abordar el rompimiento del orden constitucional y su efecto grave sobre el orden democrático
en Venezuela. De esa manera el funcionario internacional toma partido abiertamente a favor de la oposición de ese país sudamericano, da por hecho que impera en Caracas una interrupción del orden constitucional o que hay ausencia de un gobierno legítimo –únicas circunstancias en las que un secretario general de la OEA puede invocar unilateralmente la Carta Democrática– y orilla a ese organismo a un franco rompimiento con el poder ejecutivo venezolano.
Las recomendaciones de Almagro resultan, asimismo, disparatadas e improcedentes, como la exigencia de que el referendo revocatorio pedido por la oposición se realice este mismo año, que se libere a los presos opositores, se restaure
el equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Judicial y que tengan lugar cambios inmediatos al Poder Ejecutivo
.
Significativamente, tales puntos son prácticamente los mismos que los legisladores de oposición venezolanos presentaron hace unas semanas al secretario general, lo que implica el abandono de la debida postura de neutralidad que el organismo hemisférico debe observar en conflictos políticos, como el que tiene lugar en la nación sudamericana.
La inopinada radicalidad de Almagro no es compartida ni siquiera por el gobierno de Estados Unidos, el cual se ha limitado a insistir en la necesidad de un diálogo entre los partidos opositores y el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Sin embargo, la postura del funcionario sienta un precedente preocupante y allana el camino a eventuales medidas intervencionistas por parte de la potencia del norte en el difícil panorama interno de Venezuela.
Como era de esperar, la torpeza de Almagro ha provocado ya un endurecimiento en la posición del Palacio de Miraflores, el cual anunció demandas judiciales a la directiva de la Asamblea Nacional (Congreso, dominado por los antichavistas) por traición a la patria
y usurpación de funciones, porque carece de facultades constitucionales para representar al país ante organismos internacionales.
En suma, el secretario general de la OEA ha logrado escalar el conflicto político venezolano y ha perdido de golpe toda capacidad de mediación que el organismo hemisférico hubiera podido empeñar para contribuir a una solución de la confrontación entre el gobierno y los opositores. Si Almagro se empeña en seguir por ese camino, y si los integrantes del Consejo Permanente no lo frenan y no reintroducen un mínimo de sensatez y legalidad en las acciones del organismo ante la crisis venezolana, el próximo suceso previsible sería la suspensión del país caribeño como miembro de la OEA o incluso su salida voluntaria de esa instancia continental, como ocurrió con Cuba hace más de medio siglo.
Sea cual sea el desenlace, el injerencismo de Luis Almagro ciertamente agrava y complica el diferendo entre el gobierno chavista y los antichavistas agrupados en la Asamblea Nacional, pero produce un daño mucho mayor a la propia OEA, la cual daría un paso adicional en el camino del desprestigio, la obsolescencia y la inutilidad.
