n el diccionario se puede encontrar la definición de escamotear, palabra proveniente del francés escamoter, la cual para la Real Academia Española es algo que se dice de un jugador de manos: Hacer que desaparezcan a ojos vistas las cosas que maneja, o también, más claramente expresado para el tema que nos ocupa: Robar o quitar algo con agilidad y astucia. Pues esto es lo que está ocurriendo en nuestro país con el destino de las multas electorales, las cuales, por ley, deben destinarse a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), aunque en algunos lugares, en particular en San Luis Potosí, con el cinismo propio de los prestidigitadores, algunos políticos las pretenden usar con otros fines.

Ante la insuficiencia de recursos para las actividades de CTI en nuestro país, desde 2005 se determinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación que los recursos provenientes de las multas electorales deberían destinarse a la ciencia, en particular, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este fue el antecedente para que la disposición adquiriera mayor jerarquía y en 2014 se incluyera en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se establece que las multas a los partidos políticos y otras sanciones (no solamente las impuestas a los partidos) deben destinarse a estas tareas.

Aún más, en el artículo 458 de la citada ley, se señala con toda claridad, a quien corresponde recibir el dinero proveniente de esas sanciones: al Conacyt, cuando son impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de CTI, cuando son impuestas por las autoridades locales.

Así, a nivel federal, los recursos provenientes de las multas van directamente al Conacyt, organismo encargado de elaborar y conducir la política nacional de ciencia y tecnología, el cual, además, es el responsable del apoyo a proyectos y la formación de recursos humanos entre otras muchas importantes tareas que se reflejan directamente en el desarrollo cotidiano de la investigación científica, tecnológica y la innovación.

A lo largo de los años, como parte de una política de descentralización y para fortalecer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en todo el país, se han creado organismos equivalentes al Conacyt en las distintas entidades federativas de la República Mexicana, que son los encargados del fomento y desarrollo de estas actividades en cada estado. Su denominación es, en la mayoría de los casos, la de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, aunque dependiendo de su desarrollo o características particulares, en algunas entidades pueden ser institutos como en Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa, o secretarías de CTI, como ya ocurre en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) o en Morelos.

Lo anterior tiene mucho sentido, pues estos organismos estatales funcionan en el marco del programa nacional de CTI, conocen con precisión cuáles son los recursos materiales y humanos con los que cuenta cada entidad y los sectores y campos específicos del conocimiento en los cuales se tienen mayores oportunidades de lograr un desarrollo exitoso en ciencia y tecnología y en la articulación de la academia con las empresas. Por esta razón en el caso de las multas en las elecciones estatales, de acuerdo con la ley, estos organismos son los destinatarios de esos dineros.

Pero en San Luis Potosí ocurren cosas muy extrañas. En lugar de que los recursos provenientes de las sanciones en los procesos electorales se entreguen al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y se acabó, el Congreso del estado recientemente aprobó un punto de acuerdo en el cual se solicita al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la emisión de una convocatoria abierta a las instituciones públicas que promueven y fomentan el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, a presentar proyectos destinados para el crecimiento y la consolidación de la participación ciudadana y la vida democrática”.

Sí, leyó usted bien, en una lección sobre cómo pueden escamotearse los recursos para la ciencia (que en este caso suman más de 20 millones de pesos) en lugar de entregarse al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y utilizarse en CTI, serán desviados para emplearse en ¡la consolidación de la participación ciudadana y la vida democrática! Además se sometarán a concurso, en el que quienes convocan, y probablemente deciden, no tienen ni la más remota idea de lo que es la ciencia ni lo que San Luis Potosí necesita para avanzar en estos campos tan importantes para su desarrollo económico y social.

Todavía se está a tiempo. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y la sociedad de San Luis Potosí deben intervenir para detener este despropósito.