a semana pasada Chiapas fue noticia por las movilizaciones magisteriales respaldadas por padres y madres de familia con el componente violento, el 25 de mayo, de la agresión de la Policía Federal intentando contenerlas. Ese mismo día se desencadenó una acción de justicia propia por parte del grupo opositor en Chenalhó a la presidenta municipal Rosa Pérez, que a la postre logró su renuncia y la elección como sustituto de quien fungía como síndico, Miguel Sántiz Álvarez.

Para entender los escenarios de riesgo que vive Chenalhó, en un brevísimo recuento, señalo que en julio de 2015 la alcaldesa triunfó en las elecciones respaldada por el Partido Verde en reñida contienda con el candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, quien se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exigiendo la nulidad de los comicios por diversas sustracciones de papeletas electorales. El tribunal concluyó que imperfecciones menores no deberán afectar el voto de la mayoría, por tanto, confirmó la elección de la alcaldesa y declaró la nulidad de algunas casillas. Observamos que el derecho aparece como un factor bastante simbólico, pues la arena del conflicto se decide en la correlación de fuerzas hasta que se logra que la legalidad del Estado coincida con la legitimidad que el pueblo considera representar.

La gestión de la presidenta fue impugnada por malos manejos de recursos e incumplimiento de promesas de campaña a través de cada vez más numerosos sectores de ese municipio, logrando el pasado abril que la presidenta municipal Rosa Pérez presentara solicitud de licencia, misma que el Congreso del estado no procesó de inmediato, por lo que el conflicto interno se profundizó. Justamente en ese contexto la diócesis de San Cristóbal de Las Casas ofreció el servicio de mediación entre los opositores a la alcaldesa y el Congreso del estado, y el pasado miércoles una sesión en sus instalaciones para esos efectos y sin visos de acuerdos, fue violentamente interrumpida para sustraer al presidente del Congreso local, Eduardo Ramírez, y a Carlos Penagos, también diputado y coordinador estatal del Partido Verde, los cuales fueron llevados a la plaza central de Chenalhó donde permanecieron 18 horas en una suerte de juicio popular indígena que incluyó la humillación tzotzil de vestir de mujer al diputado Ramírez, por no cumplir la palabra. Esta inédita sesión no fue interrumpida por la policía estatal, su ingreso habría provocado un enfrentamiento de grandes proporciones, además del evidente riesgo para la vida de los legisladores retenidos. Concluyó con el acuerdo de la renuncia de la edil y el nombramiento ya referido. Todo ello formalizado jurídicamente. En el acto y fuera de recinto se le tomó protesta de ley al alcalde sustituto. En apariencia el derecho estatal y el indígena coincidían y se armonizaban con la declaración pública de los legisladores de que participaron en dicha reunión deliberativa por su voluntad.

Sin embargo el pueblo tzotzil de Chenalhó sigue dividido, las horas siguientes se dio un enfrentamiento y una señora de 54 años y una niña de 12 fueron alcanzadas por las balas que les ocasionaron la muerte. Dos días después 80 familias del ejido Puebla buscaron refugio en la cabecera municipal en el mismo contexto. ¿Y la justicia?

La diócesis, a través del obispo Felipe Arizmendi Esquivel y el vicario de Justicia y Paz, Gonzalo Ituarte, expresaron su preocupación ante las agresiones: desde 1997 hay rencores y divisiones no superadas, aunado a que en las comunidades hay armas sin control. Nos duele que no se hayan respetado las instalaciones de la curia diocesana, como un recinto de búsqueda de paz y de justicia; ni en los años 94-95 hubo esas faltas de respeto; piden a las autoridades y a los diputados “atender con prontitud las inconformidades justas que se presentan en los pueblos, para no desencadenar la irritación social, difícil de controlar y encauzar (El Universal 29/5/16). Ciertamente preocupan las declaraciones de Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno de Chiapas: Chenalhó ha regresado a la tranquilidad y con esto quedará superado el conflicto; destacó que una vez que ha retornado la calma a Chenalhó, el gobierno del estado, como lo hace con todos los ayuntamientos de Chiapas, ha ratificado su voluntad política para impulsar proyectos productivos y obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de las familias de este municipio de la etnia tzotzil de los Altos de Chiapas. Señales inequívocas de que no se está planteando una estrategia que construya caminos de paz, que valore el impacto negativo que han tenido los partidos políticos, que enfrente e investigue si en realidad el problema en Chenalhó se dio por ser mujer la presidenta municipal, por los usos y costumbres o por los malos manejos. La continuidad de la violencia parece inminente y eso no se detiene con proyectos productivos.