En lo que va del año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 800 quejas por el funcionamiento del sistema penitenciario nacional y centros de internamiento, cifra que equivale a más de 20 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.

Hay casos en que las quejas se interponen por ‘‘medidas disciplinarias arbitrarias’’, donde los internos son sancionados hasta por 30 días en condiciones de encierro las 24 horas, con restricción de visitas familiar e íntima, e incluso el caso de menores de edad que son encerrados en el dormitorio hasta por tres meses.

Existen quejas documentadas de que las sanciones no son impuestas por la autoridad competente, sino por personal tanto de seguridad como de custodia, e incluso por internos que conforman autogobiernos; no se respeta el derecho de audiencia y tampoco se notifica la sanción impuesta, la cual se aplica de manera arbitraria.

Destaca que las llamadas Reglas Mandela señalan que entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no debe figurar la prohibición del contacto con la familia ni los aislamientos prolongados.

Con el cruce de información del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se desprende que los penales de Nayarit, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Chiapas son los que concentran 80 por ciento de las quejas recibidas.

Los recursos interpuestos ante la CNDH se centran fundamentalmente en deficiente atención médica, tortura y malos tratos, deficiente alimentación, actividades laborales y educativas insuficientes, instalaciones con carencias y falta de higiene en un sistema penitenciario que enfrenta una ‘‘grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional’’ que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir en materia de derechos humanos.

En este lapso, de acuerdo con la información de la tercera visitaduría general de la CNDH, el número de quejas por tortura se elevó sustancialmente, pues mientras en 2015 el total de denuncias presentadas fue de 50, entre enero y abril de este año ya había llegado a 81, mientras que por trato cruel, inhumano o degradante ya era de 185.

Además, se tiene información sobre la existencia de ‘‘cobros’’ a cargo de los internos o del propio personal del centro, especialmente de seguridad y custodia, ya sea para tener acceso a los servicios que el establecimiento debe ofrecer en forma gratuita –como brindarles seguridad y garantizar su integridad física– o quedar exentos del cumplimiento de sus obligaciones.

La comisión destacó que cuando el Estado priva de la libertad a una persona, se coloca en una posición de garante de sus derechos y de su integridad, por lo que está obligado a adoptar las medidas necesarias para su seguridad.

En este sentido, la CNDH advierte que en la mayoría de los casos, las autoridades encargadas no han atendido sus recomendaciones de capacitar a los funcionarios o representantes sociales en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.