Peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que ascendió a 49 la cifra de cadáveres exhumados, a cinco días de comenzar trabajos en las fosas clandestinas de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Ayer, al visitar estas fosas ilegales, el diputado federal de Acción Nacional Javier Bolaños Aguilar propuso al rector de la UAEM, Alejandro Vera, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un crimen de lesa humanidad contra trabajadores de la FGE y la administración que encabeza Graco Ramírez.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera, declaró que esperará a que terminen la exhumación de los cuerpos y los peritajes, y junto con los familiares de las víctimas se interpondrá esta denuncia ante la CIDH, para que se castigue de manera ejemplar al menos a un criminal de cuello blanco.

Organizaciones no gubernamentales exigieron a las autoridades de Morelos garantizar que la exhumación de los cuerpos se realice con los más altos estándares en materia forense, para evitar que autoridades coloquen cadáveres, como ocurrió con el de Oliver Navarrete Hernández, quien apareció en esas fosas.

En un pronunciamiento conjunto, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia resaltaron que familias de personas desaparecidas temen que no se adopten las medidas necesarias en las investigaciones y pruebas forenses y periciales.

Demandaron que durante el proceso no se revictimice a los familiares de los desaparecidos, quienes tienen derecho a estar permanentemente informados sobre el plan de exhumación, las técnicas empleadas y los expertos forenses que hayan previsto las autoridades estatales.

Consideraron crucial que se garantice su seguridad, la de activistas y de personal de la UAEM, para evitar que sean objeto de hostigamiento, intimidación o criminalización para inhibir la defensa de los derechos humanos.

Demandaron que el gobierno estatal informe sobre los procesos de investigación que se llevan a cabo por cada uno de los restos de personas hallados en las fosas, sobre todo aquellos en los que se presuma hubo alguna inhumación irregular, y se investigue la actuación de funcionarios sospechosos de haberlas cometido.

En un país donde más de 27 mil personas se encuentran desaparecidas es indispensable que se emprendan acciones enérgicas para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos, subrayaron. Eso incluye medidas inmediatas para garantizar el establecimiento de protocolos de actuación para la identificación de restos de personas localizados en fosas comunes, apuntaron.