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Solicitará revisar contratos con asociación ligada al ex director

Demanda el PAN cese de titular de la Conagua por el caso Korenfeld
 
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2016, p. 12

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado demandó al presidente Enrique Peña Nieto separar de sus funciones al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que se investigue y se deslinden las responsabilidades legales por el posible conflicto de intereses en la adjudicación directa de contratos a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (Aneas), vinculada al ex director de esa comisión David Korenfeld.

La senadora Silvia Garza adelantó que su bancada llevará este martes el tema a la Comisión Permanente, para exigir asimismo que se investigue la probable comisión de diversos delitos en contra del erario, tanto por Ramírez de la Parra como por Korenfeld, quien es presidente consultivo de la Aneas.

Detalló que el PAN pedirá que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise todos los contratos celebrados por la Conagua con dicha asociación, a efecto de revisar las condiciones en que fueron adjudicados, así como la información que sustente el cumplimiento de los mismos.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente advirtió que no se deben permitir abusos y corruptelas, por lo que es necesario indagar a fondo la denuncia presentada contra el director de Conagua sobre los beneficios a la Aneas, que supuestamente no tiene fines de lucro.

De acuerdo con la información que ha trascendido, dijo, cuando encabezó la Conagua Korenfeld –destituido cuando se hizo público que utilizaba el helicóptero de la comisión para fines personales– adjudicó directamente a la Aneas tres contratos por más de 32 millones de pesos.

Cuando ya estaba fuera de la Conagua le otorgó otros cuatro contratos por 61.5 millones de pesos. Poco después, Korenfeld fue nombrado presidente consultivo de la asociación.

Se trata, recalcó la senadora Garza, de una acción grave que debe sancionarse por la vía administrativa y penal, ya que la corrupción es la llave por donde se escurren los recursos públicos que con sus impuestos los ciudadanos aportan al gasto público.

Dicho mal ha causado que nuestro país no crezca, pues –según datos de la Auditoría Superior de la Federación– en los pasados 10 años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción.