El Comité Eureka señaló que en México las fuerzas armadas administran el terror que han impuesto, junto con policías de los tres niveles de gobierno.

A su vez, Amnistía Internacional (AI) México indicó que sin duda el uso desproporcionado de la fuerza castrense es uno de los factores que han contribuido a la grave crisis en materia de derechos humanos.

Jorge Humberto Gálvez Girón, del Comité Eureka, afirmó que la investigación de The New York Times (NYT) de que las fuerzas militares mexicanas son excepcionalmente eficientes para matar, confirma que estamos ante un aparato monstruoso que comete graves delitos, como detenciones-desapariciones y ejecuciones.

En el Museo Casa de la Memoria Indómita, durante el foro Desaparición forzada en México. Experiencia de los familiares en la lucha de la presentación con vida, Gálvez Girón señaló que se acusa al Ejército Mexicano porque planifica ese tipo de delitos, y tenemos testimonios. Además de que para lavarse las manos les resulta más fácil la ejecución.

Durante 40 años hemos dicho que el Ejército es el brazo armado que ha desaparecido a nuestros familiares, subrayó, pero aquí no se administra la justicia, sino el terror, porque no nos han dicho cuál es la verdad y se siguen sumando casos.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, aseguró que lo publicado por el NYT demuestra que pareciera ser que la orden que tienen los soldados es usar la fuerza de manera desproporcionada, que no va acorde con los estándares internacionales.

En entrevista telefónica, agregó que además de ser uno de los factores que han contribuido a la grave crisis de derechos humanos, tiene que ver con desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

En el foro se distribuyó un documento en el que se plantea que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y de carácter continuo, ejecutado de manera generalizada o sistemática.

Es una política de Estado preparada y establecida como parte de la guerra de baja intensidad, aplicada con el objetivo fundamental de generar terror en la población; es una política planeada para generar sicosis a través del miedo, que lleve a la inacción política y popular, señala el texto.

El documento agrega que ese crimen “siempre se comete de manera dolosa y velada, e implica una grave, continua y múltiple violación a los derechos humanos.