Ex integrantes de movimientos sociales y políticos de la década de los 70 del siglo pasado, así como el Comité Eureka, señalaron en la Cámara de Diputados que la desaparición forzada de personas forma parte de una estrategia del Estado mexicano y es una práctica no sólo recurrente, sino regular.

En el foro Las continuas violaciones a los derechos humanos en México. De la guerra sucia a Ayotzinapa, que se realizó en el salón Verde de la cámara, María Elda Nevárez, ex integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria, quien estuvo presa en el Campo Militar número 1, expuso que el Estado mexicano es el principal secuestrador.

Rosario Piedra Ibarra, del Comité Eureka e hija de Rosario Ibarra de Piedra, señaló que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es la primera de carácter masivo que se comete en el país, y manifestó que al secuestro de personas ahora se le conoce como levantones, pero aun así continúa siendo desaparición forzada, que no sólo es cometida por agentes del Estado, sino también por particulares, que actúan con el consentimiento o la aquiescencia de las policías.

Jorge Chávez, del mismo comité, comentó que está disponible al público el archivo del Museo Casa de la Memoria Indómita, para evitar que este tipo de hechos se pierdan en el olvido.

Durante el foro, la diputada perredista Araceli Damián González sostuvo que la violencia institucionalizada se ha convertido en el signo más preocupante del supuesto proyecto modernizador iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid, y recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabiliza a 2 mil 443 funcionarios vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2015, y todos gozan de impunidad.

El general Francisco Gallardo indicó que el gobierno federal encubre los delitos cometidos por militares, y señaló que quienes lo mandaron encarcelar en 1993 “son los mismos que estuvieron en la guerra sucia de los años 70, en la masacre del 68, en la represión en Chiapas y Guerrero, y siguen incrustados en el poder.

El diputado que propuso la reforma al Código de Justicia Militar, que permite la intromisión a los domicilios de civiles, es un general que estuvo en la represión en Chiapas y hoy es presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Es el claro ejemplo de que seguimos hablando de impunidad, afirmó.