a insistencia de los responsables de la procuración de justicia –desde la antigua procuraduría hasta la actual fiscalía– en asegurar que los cotidianos hechos de violencia en Veracruz responden a enfrentamientos entre bandas por el mercado de las drogas hace pensar que otra cosa está sucediendo y que, en confesión inconsciente, el gobierno reconoce que la delincuencia está disputándole al Estado mismo el control territorial por medio de la violencia y sus efectos sobre la economía y el ánimo social.

Ha sido lugar común de esta administración, con razón o sin ella, etiquetar así asesinatos, altercados callejeros, homicidios de periodistas (sólo falta meter en el mismo saco las agresiones a maestros y jubilados manifestantes), secuestros y asaltos cometidos por bandas desarticuladas como producto de la atinada y exitosa acción institucional.

El asesinato de cinco jóvenes y las heridas a 14 el pasado fin de semana en el centro nocturno La Madame, un antro xalapeño frecuentado por la comunidad gay capitalina, resulta un caso aparte y sintomático de la coyuntura actual, pues los afectados consideran que existe un componente homofóbico en el atentado.

Y para no variar su guión, la fiscalía definió la masacre con los mismos conceptos: los asesinatos fueron producto del combate por el mercado de la droga. La explicación oficial sobre la imparable inseguridad en el estado es aún más preocupante si se toma en cuenta la reciente posición pública de la Iglesia católica, que se opone a cualquier reforma que permita matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado.

La misma jerarquía católica de Xalapa, encabezada por el arzobispo Hipólito Rodríguez, convocó hace unos días a su grey a expresar en el Congreso local su rechazo a la posibilidad de que se apruebe la reforma al artículo 4 y deslizó que ya existe acuerdo con el gobierno de Javier Duarte para que los diputados de su partido apoyen la posición eclesial.