l tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecer una disculpa pública y reparar el daño a la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial, quien pasó tres años y un mes encarcelada por el cargo de secuestro contra seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La sentencia del tribunal es inapelable y deberá cumplirse en un periodo de cuatro meses, luego de más de seis años de que Jacinta Francisco ha buscado el reconocimiento pleno de su inocencia.
El fallo referido pone fin a un caso de fabricación de pruebas que se inició el 3 de agosto de 2006 cuando Jacinta Francisco fue detenida junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas las tres de haber secuestrado a los seis agentes armados en el curso de una protesta ocurrida el 26 de marzo de ese mismo año en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Pese a lo inverosímil de que tres mujeres desarmadas sometieran a los elementos de una fuerza con entrenamiento especial, las indígenas ñañú fueron condenadas a 21 años de prisión por privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro.
Desde un principio quedó en evidencia que todo el caso había sido inventado, pues la acusación se basó en las declaraciones de testigos que sencillamente situaban a Jacinta en el tianguis de Santiago Mexquititlán el día de los hechos. Además, a lo largo del proceso los testimonios de los policías supuestamente secuestrados mostraron graves inconsistencias y contradicciones entre ellos y con los ofrecidos por otros testigos. La propia detención de la indígena, mediante engaños y en un vehículo no oficial, habría bastado para anular el proceso de haberse observado los mínimos estándares éticos y jurídicos.
Ante la abrumadora evidencia de que se trataba de un encarcelamiento injusto, el 15 de septiembre de 2009 un juez decretó la liberación de Jacinta Francisco y en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a Alcántara y González por la múltiple violación a sus derechos humanos durante todo el proceso. Entre los abusos señalados por el máximo órgano de justicia se encuentran la fabricación de testimonios, el uso de pruebas ilícitas para acusarlas y la negación de un proceso imparcial y una defensa adecuada a su condición de indígenas.
Sin embargo, a contrapelo del sentido común y de los hechos, a la fecha la PGR mantiene como versión institucional la de que Jacinta Francisco se encuentra libre por falta de solidez de las pruebas en su contra, sin que ello signifique una falta de responsabilidad penal de su parte.
Resulta inexplicable que la máxima institución de procuración de justicia del país se niegue a reconocer el montaje y se aferre a una versión cuya falsedad se ha demostrado de manera reiterada en todas las instancias. Esta actuación errática es aun más incomprensible, si cabe, por tratarse de desviaciones institucionales ocurridas en los sexenios pasado y antepasado.
Resulta imperativo que la sentencia definitiva emitida por el tercer tribunal colegiado ponga fin a una lógica institucional que genera erosión de la confianza ciudadana en las instancias de procuración de justicia y a la instalación de un ominoso clima de incertidumbre jurídica. No puede haber tranquilidad ante el funcionamiento de los mecanismos judiciales mientras los errores de un organismo del Estado –cualquiera de que se trate– ponga en riesgo la libertad y la integridad de los ciudadanos y en tanto a las dependencias encargadas de procurar justicia les resulten ajenos el espíritu autocrítico y la capacidad de rectificación.
