Buenos Aires.

Tres medidas judiciales, dos en las provincias sureñas de Chubut y en Bariloche de Río Negro, y la tercera en el conurbano bonaerense frenaron el aumento de la luz, ante reclamos de autoridades locales, y un hospital privado, lo que sentó precedente jurídico por el llamado tarifazo, impuesto por el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri, con aumentos de 300 a mil 600 por ciento, en luz y gas, que de mantenerse provocarán un verdadero desastre en el país, denuncian instituciones y empresas.

El juez federal Hugo Sastre de Rawson, en la provincia de Chubut, hizo lugar al amparo presentado por el gobernador Mario Das Neves, quien pidió suspender el aumento del gas hasta que se defina un incremento a partir de audiencias públicas.

El juez federal de la ciudad turística de Bariloche, Gustavo Villanueva, aceptó otro recurso de amparo presentado por el alcalde Gustavo Gennuso y dispuso la suspensión de los aumentos por 90 días, plazo en que el gobierno comunal intentará negociar otras medidas.

La juez federal en San Martín, Martina Forns, dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la luz, ante un reclamo del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en el municipio bonaerense de Martín Coronado, contra la empresa de distribución eléctrica.

Los gobernadores de varias provincias que el lunes se reunieron con el gobierno por el mismo problema, no recibieron respuestas favorables y se prepara una ola de presentaciones judiciales por esta situación que consideran inédita en el mundo, por los disparatados montos dispuestos.

Centenares de vecinos protestaban esta noche en el centro de esta ciudad, por la imposibilidad de continuar con los populares clubes de barrio que no pueden pagar facturas con más de mil por ciento de aumento en gas y luz y se multiplican las demandas en todo el país por este gravísimo problema.

Mientras miles de manifestantes de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos marcharon este martes con la Asociación de Trabajadores del Estado contra las políticas implementadas por el gobierno de Macri, y contra el veto a la ley de emergencia ocupacional contra los despidos, mientras se prepara un paro general.

Los maestros de la provincia de Buenos Aires pararon y los médicos comenzarán una huelga de 72 horas contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que no da respuestas a la situación que se está viviendo.

Preocupación de la Iglesia católica

La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia católica manifestó su preocupación por la fragilidad de la condición laboral de miles de hermanos y las situaciones de precarización laboral en que están inmersos buena parte de los trabajadores, que no tienen acceso a sus derechos sociales ni protección del Estado en el documento final de la Semana Social realizada en Mar del Plata, donde se reunió con dirigentes sindicales, políticos y empresarios.

Advirtió también que son señales de alerta que no se pueden desoír y ratificó la importancia del diálogo y la amistad social para alcanzar consensos.

Hemos ratificado el compromiso de la opción preferencial por los pobres. Nos preocupan los rostros concretos de quienes viven en la miseria y no cubren sus necesidades más elementales, sostiene el mensaje final del encuentro del organismo episcopal presidido por monseñor Jorge Lozano.

Asimismo se difundió un documento de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el que se advierte el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento que enfrentan los sectores informalizados. Señala el documento que más de 10 millones de personas sufren problemas de empleo y alertó que la pobreza, producto de la inflación y la caída de la actividad económica, avanza sobre los trabajadores informales de sectores populares no marginales o clase media baja.

El Observatorio de la UCA resalta que la amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes no profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales carecen de visibilidad y de representación política por lo que no han sido objeto de protección social frente a la situación crítica generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad.

Se indica que estos sectores de la población vulnerable de clase media baja o populares “constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas ‘normalizadoras’ adoptadas por el actual gobierno”.

El informe crítica duramente a los empresarios empoderados, que pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión.

Considera la UCA que es una tarea urgente del gobierno atender a los sectores más vulnerados por la transición, proteger el empleo actual y activar políticas de empleo con plenos derechos.