Con una tasa de informalidad laboral que alcanza en promedio nacional 57.4 por ciento, pero que en algunas entidades –las más pobres del país– se eleva hasta 70 u 80 por ciento, el gobierno federal relanzó ayer convenios de colaboración con los estados a fin de abatir anualmente un punto porcentual esta problemática, anunció el presidente Enrique Peña Nieto, quien expresó: ‘‘Hemos logrado detener esta tendencia creciente que había (...) y estamos trabajando para revertirla’’.

Ante 17 gobernadores, miembros de su gabinete y representantes empresariales y sindicales, congregados en Palacio Nacional para la firma de convenios de ejecución de acciones en materia de fornalización del empleo, el mandatario recordó que en 2013 se promovió una primera etapa que permitió alcanzar la tasa más baja en la materia en una década y que ésta se redujera en 22 de las 32 entidades.

A pesar del anuncio, Peña Nieto fue mesurado en sus alcances frente a la dimensión del fenómeno: ‘‘Reconocemos que si bien este ejercicio al que estamos convocados en este compromiso no será para resolver este problema, sí contribuirá, a través de una política pública, a la formalización del empleo’’. Mencionó que se han impulsado diversas acciones para revertir el porcentaje de informalidad, entre ellas la reforma laboral o el régimen de incorporación fiscal.

Subrayó que hay importantes diferencias entre ambas condiciones, pues se estima que 40 por ciento de los trabajadores –del sector formal– generan 76 por ciento del producto interno bruto (PIB). En paralelo, el impacto que tiene en las condiciones de los trabajadores es muy favorable, pues las diferencias en el nivel de ingresos entre empleos formales e informales oscila en 24 por ciento por el efecto de las prestaciones sociales.

El Presidente refirió los datos más recientes de inversión extranjera, que reportan 7 mil 896 millones de dólares durante el primer trimestre del año –el más elevado en 17 años–, con lo cual se acumulan 110 mil millones de dólares en esta administración, 70 por ciento del objetivo sexenal.

En su momento, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, refirió las diferencias que existen entre las condiciones de formalidad e informalidad. En la primera se eleva la productividad y el bienestar de los trabajadores, pues actualmente las empresas formales tienen una productividad 2.3 veces mayor al de la economía informal.

‘‘La economía informal está asociada con la incertidumbre laboral y permanentes obstáculos; por ejemplo, un trabajador informal está expuesto a riesgos de trabajo que, en caso de materializarse, pueden terminar con el patrimonio familiar’’, agregó Arriola.

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que si bien la informalidad se ha reducido en 2.5 puntos porcentuales, la tasa está cercana a 57 por ciento. ‘‘Este dato significa que casi seis de cada 10 trabajadores laboran sin la debida seguridad y protección jurídica, sin acceso a servicios de salud, cobertura de riesgos o pensión, con salarios insuficientes, escasa capacitación y pocas expectativas de crecimiento y desarrollo’’.

Sin embargo, en el sector primario este problema alcanza 88 por ciento frente a 53 por ciento en el terciario. Además, hay grandes disparidades regionales y sectoriales que impiden revertir la precariedad laboral. Éstas impactan en variables como productividad y remuneración y tienen que ver directamente con la dicotomía formalidad-informalidad.

‘‘Así, este fenómeno de informalidad, productividad y crecimiento nos señala los dos Méxicos distantes. Hoy tenemos estados donde la formalidad es de 70 por ciento de su economía, mientras que en otros, desafortunadamente, la informalidad llega casi a 80 por ciento’’, dijo el dirigente empresarial.

En este contexto, Peña Nieto informó que los convenios que se celebraron pretenden abatir la informalidad a escala regional y se complementarán con otras acciones que ya instrumenta su administración, como la creación de las zonas económicas especiales, cuya legislacion promulgará próximamente a fin de reforzar las acciones en entidades donde hay mayor marginación. Tambien mencionó los programas para Campeche y Tabasco, entidades afectadas por la caída del precio del petróleo.