éxico es el segundo país más rico del mundo en términos bioculturales, por detrás de Indonesia y delante de India, Australia y Brasil. Esta clasificación se logra ponderando tres criterios: la riqueza biológica, la diversidad cultural (generalmente medida por el número de lenguas) y la agrodiversidad. Este nuevo enfoque supera las visiones estrechas que mantenían separadas a la naturaleza de la cultura y a las culturas de su entorno natural, y que en consecuencia continúan buscando la conservación de la biodiversidad (la gente excluida), por un lado, y la preservación de las culturas (especialmente zonas arqueológicas), por el otro. Como el lector imagina, en México existe un legado biocultural de al menos 7 mil años que es el producto de un proceso de coevolución entre las culturas y su envoltura natural: flora, fauna, paisajes, vegetaciones, ríos, lagos y lagunas, manantiales, montañas. Por este proceso la naturaleza civilizó a los seres humanos mientras las culturas domesticaban a la naturaleza. Se trata de un pacto vital, de una alianza por y para la vida. En este proceso recíproco, en esta dialéctica de largo aliento, el maíz se convirtió en el eje, material y simbólico, de un fenómeno de diversificación: junto a las 50 variedades o razas de maíz surgieron más de 200 lenguas y unas 150 especies domesticadas por las culturas mesoamericanas. Hoy, esta riqueza biocultural sigue vigente, pero cada vez más amenazada. Y urge comprometerse con su defensa y protección.

Cuando las máquinas del desarrollo y del progreso de las corporaciones o de las agencias estatales, respaldadas por el aparato gubernamental y apoyadas por la fuerza pública y/o los dictámenes de jueces venales, demuelen las casas de los habitantes indígenas en Xochicuautla, para una carretera, imponen la minería a cielo abierto en SLP, Chiapas o Chihuahua, desalojan a las comunidades que se resisten a ser inundadas por las nuevas presas, como en Guerrero o Oaxaca (ya hay 200 mil desplazados), expulsan a pueblos enteros para la extracción de gas y petróleo o para el confinamiento privado de desechos tóxicos (Veracruz, SLP y Coahuila), o intentan, como en Wirikuta, convertir en un pozo de extracción mineral la montaña sagrada de los huicholes, quienes por mil 500 años la han venerado, no solamente están co­metiendo un ecocidio, dilapidando el agua, destruyendo ecosistemas y desapareciendo flora y fauna, también atentan contra la herencia de la civilización mesoamericana y vuelven al territorio nacional una tierra arrasada, sin memoria ni historia.

Un análisis hemerográfico reveló 286 agresiones (2012 a 2016) contra el patrimonio biocultural en 420 municipios del país que generaron un número igual de conflictos socioambientales. Estos fueron provocados por mineras (72), sobrexplotación o contaminación del agua (51), extracción de petróleo y gas o parques eólicos (38), megadesarrollos turísticos (24), proyectos urbanos y carreteros, residuos tóxicos, deforestación, agrotóxicos, contaminación de zonas pesqueras y cultivos transgénicos. Como hizo Porfirio Díaz, que en su tiempo enajenó cerca de 40 millones de hectáreas para hacendados, empresas mineras y ferrocarriles, hoy los gobiernos neoliberales han concedido 27 mil 199 permisos a las compañías mineras canadienses, chinas, inglesas, estadunidenses y mexicanas con una superficie de 32 millones de hectáreas (Secretaría de Economía). Otro gran embate es la extracción de petróleo y gas bajo la peligrosa técnica de la fractura hidráulica (fracking). De acuerdo con Pemex, en el país existen 934 pozos en seis estados. Un solo pozo perforado con esta técnica re­quiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que se inyectan acompañados de un coctel de substancias venenosas (ver: http://www.sinembargo.mx/19-05-2016/1662013). Otra grave amenaza es la posible entrada comercial del maíz y la soya transgénicos, por sus efectos de contaminación genética, la salud humana y sobre la producción de miel. Como resultado de estos conflictos hay frentes de resistencia en al menos 12 regiones del país e innumerables apoyos desde las ciudades de redes nacionales y ONG ambientalistas, agrarias y de derechos humanos. También unos 350 defensores han sido encarcelados ( La Jornada, 14/3/16, p. 16) y 45 defensores de la tierra y la cultura fueron asesinados entre 2002-2014 (https://www.globalwitness.org/en/).

La defensa de la riqueza biocultural es ya una emergencia nacional. Ante esto, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciencia y los científicos? A pesar de que el modelo dominante busca generar investigadores especializados, ajenos a la realidad del país, enfrascados en la competencia y la publicación de papers y con la mirada puesta en las comunidades académicas anglosajonas, una contracorriente en pleno crecimiento desde hace al menos dos décadas ha dado lugar a otra manera de hacer ciencia. Esta existe en numerosas universidades públicas y privadas del país, buscando articular los esfuerzos de los investigadores en equipos multidisciplinarios y multinstitucionales que se involucran no sólo en acciones de defensa de lo biocultural, sino en la construcción de proyectos alternativos y emancipatorios, y con la mirada puesta en procesos similares de la América Latina.

Ejemplo concreto de lo anterior es la Red sobre el Patrimonio Biocultural, apoyada generosamente por Conacyt (2012-2013, 2015 y 2016) que hoy aglutina a más de 200 investigadores agrupados en 23 nodos regionales desde Ensenada hasta Mérida. Este ensamble académico realiza investigación básica y aplicada dirigida a documentar, inventariar, proteger y defender el patrimonio biológico y cultural del país, en plena colaboración con comunidades, organizaciones civiles, centros educativos, cooperativas y empresas sociales rurales. En una perspectiva similar se ubican la Red Mexicana de Ecotecnologías, la Sociedad Mexicana de Etnobiología y la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Se trata de innovaciones de una ciencia con ética realizada por científicos con conciencia social y ambiental que acuden a la defensa y rescate de la memoria biocultural del país, y que día con día gana presencia entre miles de estu­diantes. Un faro de esperanza en la difícil situación del país.