os flujos migratorios en general, y en particular los indocumentados, se han des­bordado a lo largo y ancho del planeta desde la década de 1990, situación que no podía pasar desapercibida por los organismos internacionales. A partir de la Conferencia Internacional sobre Población, en 1994, se menciona por primera vez a las migraciones internacionales como tema de interés internacional, y para 2006, con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se iniciaron los Foros Anuales de Migración y Desarrollo (Bruselas, Atenas, Manila, México, Suiza, Mauricio y Estocolmo) resaltando la pertinencia de los derechos humanos y la necesidad de articular, no sólo desarrollo y migración, sino otros aspectos, entre los que cabe mencionar cambio climático y migración (Catherine Wihtol de Wenden). Si bien diferentes organismos supranacionales plantearon la necesidad de superar las visiones del control de las fronteras y de las violaciones a la soberanía estatal, enfatizando la movilidad como factor de desarrollo, esa posibilidad como marco de las políticas migratorias sigue enfrentando graves contradicciones, pues, como señala Wihtol de Wenden, si bien las migraciones se definen como bien público mundial (BPM), problema central de la gobernanza mundial, la necesidad del multilateralismo enfrenta a dos actores que tienen intereses opuestos.

El propio término gobernanza de las migraciones ha sido bastante criticado, en la medida en que uno de sus ejes, promover un flujo ordenado y legal, llama, en última instancia, a controlar los flujos migratorios, con énfasis para los indocumentados. Por esa razón Estupiñán Serrano señala que se trata de un programa que implica la producción de condiciones específicas y reguladas, pero también condicionamientos para ejercer la libertad, y en especial la libertad de movilidad. Por ello no debería llamar la atención que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de 1990, que incluye la protección también de los migrantes en situación irregular y que entró en vigor en 2003, haya sido firmado por 42 estados adherentes, todos estados expulsores y ninguno receptor. El caso de Estados Unidos es notorio, ya que es considerado el mayor receptor mundial de migrantes, al estimar que uno de cada cinco migrantes internacionales (19 por ciento) vive en Estados Unidos, además de los más de 11 millones de indocumentados (Centro de Investigación Pew). Y sin embargo no ha firmado la convención, o precisamente por eso no la firma.

Un entorno especial sufren los migrantes indocumentados, pues si bien no son una figura nueva en la historia de la migración, en el contexto del capitalismo global lo novedoso es su masividad y la forma en que se les criminaliza. Se les considera una amenaza mundial al colocarlos al mismo nivel que el comercio de las armas, el tráfico de drogas y del crimen organizado (Eduardo Domenech). Sin embargo, es importante destacar que es la política neoliberal la que promueve este tipo de flujo, en razón de su extraordinaria utilidad para la acumulación capitalista y las ganancias de las corporaciones, justamente por su enorme vulnerabilidad jurídica y máxima explotación.

En este escenario, las circunstancias por las que están atravesando los migrantes que intentan llegar a Europa, en lo que se ha denominado la crisis migratoria, es un claro reflejo de estas contradicciones entre estados soberanos y la inestabilidad de las políticas migratorias que agravan la vulnerabilidad de los migrantes e incrementa las condiciones por demás lamentables en que se encuentran millones de personas. La OCDE estima que puede haber entre 5 y 8 millones de migrantes indocumentados en Europa, los que permanecen invisibles a los ojos de los políticos (PICUM). Esta indefinición ha permitido el surgimiento de nuevos conflictos en los que se ve envuelto 90 por ciento del millón de personas que llegaron indocumentadas a la Unión Europea, se trata de los llamados traficantes de personas, cuyas ganancias habrían alcanzado entre 5 mil y 6 mil millones de dólares. La desventura se acrecienta cuando en 53 por ciento de los casos, por falta de recursos financieros, los migrantes tuvieron que pagar los costos en especie, es decir, fueron sujetos de explotación sexual o laboral ( La Jornada, 18/5/16).

Podemos concluir que la gobernanza de la migración que promueven los organismos supranacionales está lejos de plantear soluciones a las tragedias de la migración masiva actual, pues queda claro que controlar y reforzar las fronteras no son políticas aceptables. Como señala Eduardo Domenech, se trata de políticas de control con rostro humano que, si bien se enmarcan en el discurso de los derechos humanos como fuente de legitimación, persiguen la misma finalidad que las políticas más abiertamente restrictivas, prometiendo ser más eficaces en la consecución de su objetivo: controlar los flujos migratorios internacionales. De esta forma los poderes económicos extienden la explotación de la mano de obra que proviene de los países subdesarrollados.

Parece urgente reabrir el debate sobre el fenómeno migratorio y los migrantes, y plantearse la discusión sobre conceptos, como el de frontera abierta.

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